Contra el plan del hambre y por una ley contra el hambre

Mientras se discutía en comisiones el Presupuesto del ajuste pactado con el FMI, organizaciones sociales se instalaron frente al Congreso para exigir la ley de Emergencia Alimentaria.

Por Sonia Lombardo

A la espera del dictamen de comisión que habilitó la discusión del Presupuesto 2019, los movimientos sociales se movilizaron una vez más, esta vez con ollas populares y merendazos, a la puerta del Congreso para denunciar el hambre, la pobreza y la falta de trabajo y  presentar  y exigir el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria.

Los números hablan por sí solos. La pobreza en Argentina alcanza al 27,3% de la población, según datos de septiembre del INDEC, y según estimaciones de la UCA trepará en el último  trimestre del año a un 32%. Estos porcentajes revelan una cruda realidad: más de 11 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y, lejos de revertirse, esa cifra va en aumento. Los más perjudicados son los pibes y las pibas: el 48% son pobres. Es decir que casi la mitad de las chicas y chicos del país viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas,  asisten a comedores o merenderos para poder garantizar alguna de las comidas del día o no tienen garantizadas condiciones de hábitat dignas, acceso a la salud o a la educación.

Ante esta situación la Emergencia Alimentaria forma parte importante del paquete de leyes que los movimientos sociales vienen planteando en la calle y en el terreno legislativo.

Basada en el Derecho a la Alimentación, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, la ley dispone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el objetivo de garantizar los requisitos nutricionales de niñas, niños y jóvenes de 0 a 16 años en situación de vulnerabilidad que padezcan malnutrición. Para ello propone la declaración de emergencia por dos años, la creación de un Consejo Nacional integrado por representantes de diferentes ministerios y de organizaciones sociales, y prevé duplicar las partidas alimentarias para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas que no pueden cubrir su alimentación.

44846050_1880243558763707_8253713733046501376_nLa Argentina produce alimentos para 400 millones personas, sin embargo 1.367.955 pibes y pibas son indigentes.

A su vez, el monto recientemente acordado con las petroleras en compensación por la devaluación alcanza casi los 21.000 millones de pesos, cuando con menos de la mitad se podría cumplir con la alimentación de todos y cada uno de los chicos y chicas de todo el país.

El hambre en la Argentina no es un problema de recursos ni de producción al que no podemos escapar, es más bien un problema de decisión política. Es consecuencia de un modelo político, social y económico que sólo se puede imponer en acuerdo con el FMI y muy a pesar de los intereses de las mayorías, de las clases populares.

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