[Editorial] Depende de Nosotros

Las elecciones de medio término preocupan y ocupan a quienes saben que después de medir su legitimidad, el actual gobierno evaluará qué está en condiciones de hacer y qué no. Lo único seguro es que necesita hacer cosas: “bajar costos” laborales; brindar “libertad” a las inversiones; mostrar que la economía “crece”. De 33 de las principales paritarias cerradas en lo que va del año, sólo cuatro gremios alcanzaron niveles que probablemente superarán la inflación promedio anual (docentes de algunas provincias y Aceiteros), mientras que el resto cerró por debajo del 25%.

Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el salario mínimo será de 8.860 pesos desde julio de 2017, de 9.500 desde enero de 2018 y de recién de 10.000 en julio del año que viene. Es decir que sufriría una reducción en términos reales de 4,6% respecto del mismo mes del año pasado y de 8,1% respecto de diciembre de 2015.

El ataque al trabajo es política de Estado, junto al ajuste y el endeudamiento. La brutal represión a los trabajadores y trabajadoras de Pepsico fue, en ese mismo sentido, un intento de amedrentar cualquier resistencia que se enfrente a esa política. Las PASO serán la primera muestra de cómo vamos, pero si para en las elecciones del 22 octubre no emerge una oposición que pueda lastimarlo, va a llegar la frutilla del postre: los derechos laborales. El ataque internacional contra Venezuela empalma sin problemas con una estrategia regional que tiene varios ejes: flexibilización laboral, mejoramiento de la infraestructura para la exportación y el saqueo de recursos y libertad máxima para el flujo del capital financiero.

Aunque el ministro de Trabajo dijo que la reforma de Brasil no es “necesariamente” la que necesita la Argentina, el 11 de julio arrancó una nueva etapa para los trabajadores y trabajadoras de la región: se votó allá y es ley. Acuerdos por sector, empresa e individuales tienen preeminencia sobre la legislación; los contratos privados están por sobre las convenciones colectivas; se flexibiliza el fraccionamiento de días laborables, vacaciones y horarios; la cuota sindical es voluntaria; el trabajo desde el hogar está reglamentado; se facilita la tercerización laboral; la empresa podrá negociar con grupos organizados por fuera de los gremios; se podrá despedir con un aviso de 15 días y sin indemnización atada al salario. ¿Nos imaginamos esas reformas implementándose en nuestro país? Aunque la CGT parece no querer enterarse, somos los siguientes en la lista.

Las claves para detener semejante avanzada no tienen muchos vericuetos. Perder elecciones y enfrentarse a la furia de los trabajadores  y las trabajadoras, es decir, a los sindicatos. Lamentablemente, en ambos asuntos estamos a media máquina. Perder derechos que en Argentina ganamos en la década del 40 es como tener que hablar de la relevancia de las vacunas: el gobierno del cambio y de la felicidad moderna nos impacta con su oscuridad casi medieval.

Pero eso es sólo la superficie. El contexto internacional de crisis económica sostenida y la pelea cada vez más encarnizada por los recursos pone sobre la mesa fracciones desesperadas de capitales que ya no tienen paciencia ni tiempo.

El gobierno brasilero enfrentó tres paros nacionales, de los más importantes de la historia de Brasil, antes de votar la reforma laboral, pero se votó igual. El gobierno de Mauricio Macri, tras dos años de despidos masivos, devaluación y represión enfrentó un solo paro general: el que la conducción de la CGT quiso evitar hasta las últimas consecuencias. Si Macri no sale lastimado de estas elecciones, y el movimiento obrero sigue respondiendo a un triunvirato colaboracionista detener la avanzada contra el trabajo en la Argentina va a ser mero voluntarismo. Como siempre, depende de nosotrxs.

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