[Editorial] Mucha Tropa Riendo En Las Calles

Publicada en [R]umbo N°30.

Mauricio Macri anunció un plan de reforma del sistema de seguridad nacional cuyo principal objetivo es habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interna, hasta ahora prohibido por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior y por el decreto 727 del año 2006. “Vivimos en una zona de paz, pero necesitamos que las fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI”, afirmó el Presidente, acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. La reforma se concretó con la publicación en el boletín oficial del decreto 683, que introdujo cambios en el decreto 727/06 y, a su vez, derogó el 1961 del mismo año. El llamado “plan de reconversión del sistema de defensa” contempla la actuación de militares frente a “amenazas externas”, aun cuando éstas no provengan de un Estado; es decir, ya no es requisito necesario la participación de fuerzas armadas pertenecientes a otro u otros Estados para poder intervenir. Además, podrán desempeñar tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, como Vaca Muerta o la central nuclear Atucha, misión que actualmente cumplen las fuerzas de seguridad. Dentro de la reforma no hay claridad sobre qué tipo de acciones y organizaciones serán considerados como terroristas para el Estado nacional, un vacío peligroso teniendo en cuenta los antecedentes recientes y fatales de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La mayoría de las modificaciones implican la supresión del principio de separación entre defensa nacional y seguridad interior, con el consecuente avance hacia la militarización. Un cambio de paradigma en la materia que el Gobierno decidió en forma unilateral, sin participación del Congreso y a espaldas de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales.

Permitir que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad interior significa el quiebre histórico de una política de Estado consensuada y sostenida desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Además, confirma el alineamiento con la doctrina que impulsa Estados Unidos para la región: “Enfrentar los desafíos del siglo XXI”, en materia securitaria, no es más que asumir como propias las estrategias de combate al terrorismo y al narcotráfico que recomienda el país del norte, cuyo único resultado es el aumento de violaciones a los Derechos Humanos.

No hay experiencias recientes que hayan sido exitosas en este sentido. Todo lo contrario. En México, la intervención del Ejército en la guerra contra el narcotráfico fue tan devastadora como ineficaz. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2017 se registraron 234 mil muertes. El narcotráfico no disminuyó.

Adoptar una estrategia que ya fracasó en otros países sólo se explica en la necesidad del Gobierno de contar con un mayor despliegue de fuerzas en el territorio para profundizar su modelo autoritario. Cambiemos va en busca de un nuevo marco legal que legitime la represión como respuesta frente al aumento de la conflictividad social. No será tarea fácil borrar la memoria colectiva de 35 años de democracia contenidos en un solo grito: NUNCA MÁS.

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