El atajo neoliberal

El gobierno macrista avanza sobre los dos grandes logros del kirchnerismo: el bajo desempleo y el desendeudamiento. Avanza con ajuste y represión. Y busca legitimidad electoral para ir por la reforma laboral y fiscal.

Por Juan O´Farrell

Publicada en [R]umbo N°21

El equipo de campaña oficialista decidió dejar de lado la agenda económica. Eligen hablar de seguridad y “mafias”, no solamente porque la economía está estancada y los precios siguen subiendo, sino también porque su propuesta de ajuste laboral para mejorar la competitividad no es atractiva electoralmente. La mayor obsesión del Gobierno consiste en aumentar la competitividad internacional. Y el atajo neoliberal que eligieron simplifica la fórmula a bajar los costos laborales vía recortes en los salarios y flexibilización del mercado de trabajo.

Esta estrategia tiene muy poco de derecha moderna y mucho de mitología liberal. El primer mito postula que aumentar la rentabilidad de las empresas -y más generalmente darles libertad de acción- va a generar mayores niveles de inversión. El segundo mito sugiere que sacando regulaciones al mercado laboral se van a crear más puestos de trabajo. Estas creencias chocan con la evidencia empírica y lo único que garantizan es una transferencia de recursos del bolsillo de los trabajadores a los de los empresarios, una pérdida de derechos laborales y una espiral descendente de ajuste y recesión.

La medida del éxito

Hasta ahora se viene cumpliendo parte del objetivo. Desde diciembre de 2015 se concretó una importante transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empresarios. El último informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD-UNSAM) muestra que desde el cambio de gestión los trabajadores registrados del sector privado ya perdieron más de un salario mensual de su poder adquisitivo. El reparto de la torta se inclinó a favor del capital y en contra de los trabajadores, que redujeron su participación en el producto nacional de 51,6% en 2015 a 49,7% en 2016.

También lograron aumentar la rentabilidad de las acciones de las principales empresas. “Las acciones tuvieron un primer semestre de fiesta: ganaron un 25% en dólares” tituló La Nación. Pero la fiesta en la bolsa no derrama y las inversiones productivas no llegan.

El llamado “Plan Productivo” es la hoja de ruta para la nueva economía. En este se señala que se deben “reconvertir” 364.000 puestos de trabajo que no son “sustentables”, eufemismo para decir que no son competitivos a nivel internacional. La idea es que al momento de ser despedidos estos trabajadores sean incorporados a empresas en sectores más competitivos. El problema es que la economía no está generando la cantidad de puestos de trabajo necesarios. El segundo problema es que un obrero industrial despedido tiene capacidades específicas, las cuales no se convierten de manera automática a los nuevos sectores que el gobierno quiere estimular.

El conflicto por los despidos en PepsiCo condensa la estrategia del Gobierno. La activa defensa de la multinacional – una de las empresas que más ganancias registró en 2016 en uno de los sectores más dinámicos de la economía- confirma que antes que convertir a Argentina en el supermercado del mundo, como promete el presidente Mauricio Macri, la prioridad es dar certezas a las grandes empresas de que pueden hacer lo que quieran. Una versión bastante bruta de la idea de libre mercado y la seguridad jurídica. La represión a los trabajadores ilegalmente despedidos y la posición de vocero de la empresa que adoptó el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, son señales del compromiso que tiene el Gobierno con la posición empleadora. Aunque en parte, también, responden a la preferencia de votantes que se sienten representados por el grito de orden y la ilusión modernizadora que encarna PRO.

La violencia discursiva del macrismo para imponer esta vía se intensifica. Primero fue contra los gremios docentes, después contra las mafias sindicales, la justicia laboral y la mafia de abogados laboralistas. Para flexibilizar primero hay que deslegitimar a toda institución que defienda los derechos laborales.

El salto de fe

El Gobierno ya no esconde que después de las elecciones va a empujar la reforma fiscal y la reforma laboral. La primera la justifican en que para bajar la inflación hay que bajar el déficit, pero también es parte del Plan Productivo, en el que se señala que Argentina posee una altísima presión tributaria que eleva “el costo argentino”. Lo más probable es que se intensifiquen los recortes en programas sociales, como se vio con las pensiones, el Progresar, el Remediar y el Conectar Igualdad, entre otros.

Para la reforma laboral los más entusiastas apuntan al paquete que aprobó el Congreso brasilero. Según la nueva ley se incrementa la jornada laboral a doce horas, prevalecen los acuerdos individuales entre empleador y trabajador o por empresa sobre las convenciones colectivas por actividad, elimina la contribución obligatoria a los sindicatos, establece que en casos de despidos colectivos no se requerirá homologación sindical, permite realizar trabajos insalubres a mujeres embarazadas, flexibiliza las condiciones de contratación y de despido y expande la tercerización a la actividad principal del establecimiento.

Es difícil que una reforma así consiga el aval del Congreso y los sindicatos, pero en Casa Rosada ya lo exponen como una necesidad para competir con nuestro principal socio comercial. Para esto necesitan un muy buen resultado en octubre, que legitime la dirección que tomaron y revalide el salto de fe que la mayor parte de la sociedad acompañó en 2015.

La medida del sacrificio

Los voceros del Gobierno repiten que hace un año que se está generando empleo. El dato viene de los registros de la AFIP, que muestra un 0,1% más de puestos de trabajo en abril de 2017 respecto al mismo mes de 2016. Lo que no dicen es que la mayor parte de este leve crecimiento es explicado por monotributistas, monotributistas sociales y empleo público. El empleo asalariado privado formal experimentó una caída de 53 mil puestos desde el cambio de gestión. El sector que más sufrió es la industria, que en el mismo período perdió 41.600 puestos y ya lleva 17 meses consecutivos de caída, la más profunda desde 2002. Con esta dinámica, en el primer trimestre el desempleo llegó al 9,2%, el nivel más alto de los últimos diez años, y en el conurbano bonaerense trepó a 11,8%. Es, por primera vez, el nivel más alto del país.

El combo de tasas altas del Banco Central, apertura de importaciones -en los primeros cinco meses del 2017 crecieron un 12,4% en dólares y un 7,4% en cantidades respecto de igual período de 2016-, el aumento de tarifas y la caída del poder adquisitivo impiden que la economía despegue. El equipo económico festeja tres trimestres consecutivos de expansión en base valores que oscilan entre 0% y 1%, pero la meta de crecimiento para este año tuvo que ser significativamente reducida y hoy los más optimistas la ubican en 2,5%, un rebote que deja el nivel de actividad por debajo del de 2015.

Si el empleo industrial es la variable de ajuste de este modelo, la deuda es el salvavidas, que como sabemos puede rápidamente convertirse en un salvavidas de plomo. La poca actividad se traduce en una menor recaudación por parte de la AFIP y hace que crezca el déficit fiscal, por lo que aumenta la necesidad de endeudamiento. El problema es que la mayor parte está siendo utilizada para financiar gastos corrientes y fuga de capitales, no para infraestructura u otras inversiones que impulsen el desarrollo. El otro problema es que es deuda cara - 8% por un crédito a 100 años es un claro fracaso-, al que se le agrega el de no haber ascendido a la categoría de “mercados emergentes”. Para el Gobierno los mercados internacionales son por ahora un amor no correspondido.

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