El blanqueo de la flexibilización

El Gobierno presentó un proyecto que apunta al corazón de la ley de Contrato de Trabajo, piso de derechos de los trabajadores, que trae precarización, despidos simples y baratos.

Por María Emilia Reiszer

Publicada en [R]umbo N°24

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno para “favorecer el empleo”, que va en consonancia con los dichos de Mauricio Macri en el CCK. Detrás de la frase “que cada uno ceda un poco” se oculta el atropello de los derechos laborales que los trabajadores vienen conquistando hace décadas, el beneficio económico de los empresarios y una profunda y empobrecedora flexibilización laboral.

La búsqueda de “favorecer el empleo”, en palabras de Macri, constituyó uno de los ejes centrales del discurso que brindó como relanzamiento post electoral de su gestión. Ese mismo día, el ministro Triaca presentó un nuevo proyecto de ley para que las empresas blanqueen a sus trabajadores en negro, que propone avanzar sobre la ley de Contrato de Trabajo y cristalizar el plan que el Gobierno prepara hace meses. Sólo estaban esperando ganar las elecciones.

El plan propuesto por la cartera laboral plantea la regularización del empleo informal a partir del perdón de deudas por aportes y contribuciones no efectuadas a empresas en situación irregular, brindándoles un año para formalizar a sus empleados. Al empresario se le perdonará la multa si regulariza dentro de los primeros seis meses, luego de dicho plazo deberá abonar el 30% de las deudas.

Las modificaciones en las indemnizaciones constituyen uno de los ejes centrales del proyecto. En primer lugar, se reducirá el monto de resarcimiento al dejarse de lado el cálculo del aguinaldo, horas extra, comisiones y otros beneficios del trabajador. En segundo lugar, habilita la creación del Fondo de Cese Laboral, acordado en cada convenio colectivo. El fondo busca reproducir lo que sucede actualmente en el sector de la construcción, rubro de mayor vulnerabilidad para los trabajadores. Esto lleva a que la carga por indemnizaciones pase del empleador al empleado. Es decir: los despidos podrán ser financiados con el aporte de los propios trabajadores y cubrirá el cumplimiento de las obligaciones y coberturas en materia de preaviso y despido. De esta forma se abarata el despido y se pierde el poder disuasivo que posee la indemnización.

En consonancia con los dichos de Macri acerca de la necesidad de “combatir los excesos en la litigiosidad laboral” y la “mafia de los juicios laborales”, como uno de los “principales enemigos de la creación de trabajo”, el proyecto pretende poner un límite a los juicios laborales. Reduce a un año el plazo para el inicio de acciones legales contra los empleadores.

A la búsqueda por desproteger a los trabajadores se suma la eliminación de la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos de manera individual en los contratos. Además, se modifica la garantía “Ius Variandi” que evita la alteración de aspectos estructurales de la relación laboral, como el lugar de trabajo o actividad. Con la ley actual, el empleador debe indemnizar al empleado o permitirle continuar con sus actividades anteriores. El nuevo proyecto anula la opción del reestablecimiento de las condiciones de trabajo. Será despido o despido.

La promesa del Gobierno de brindar licencias de 15 días para padres por nacimiento de sus hijos se contrapone con las “nuevas formas de contratación” vaticinadas por Macri, que incluyen un esquema de pasantías, a acordar en cada convenio de trabajo, y la creación de un “banco de horas”. Éste elimina las horas extra y crea un mecanismo de compensación horaria que determina que las horas excedidas sean restadas de otros días de trabajo y permite jornadas de hasta 10 horas.

La voz de los sindicatos

La CGT intentará llegar a un acuerdo con Triaca para corregir el proyecto antes de que llegue al Congreso y dejar sin efecto todo aquello que modifica la ley de Contrato de Trabajo. Tras la reunión con el ministro, alegaron que el “proyecto original de reforma laboral, tal como está planteado por el Gobierno, no sólo fue cuestionado sino rechazado”.

Hasta el momento, uno de los pocos que había salido a contestar había sido el titular del gremio de la Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, quien se quejó porque “los trabajadores ya dieron mucho”, habiéndose reducido notablemente el poder adquisitivo de su salario. Le pidió a Macri que apunte hacia “los que más tienen” y agregó: “Se dará la posibilidad de que cada gremio pueda preferir un régimen de ley de fondo de desempleo, como es el tema de la construcción. Pero desde ya que nosotros no vamos a claudicar con el tema indemnizatorio”.

Por su parte, la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a “coordinar un plan de acción” contra el proyecto que busca “profundizar el ajuste”.

La transferencia de ingresos desde el trabajo al capital no deviene en más empleos pero sí recuerda a previas reformas laborales que fueron acompañadas por aumentos de la desocupación. El ataque a la ley de Contrato de Trabajo, base normativa que define el piso de derechos, se asemeja a la reforma laboral implementada recientemente por Michel Temer en Brasil. Reforma que el empresariado argentino mira con buenos ojos.

Los resultados de las elecciones legislativas le dieron al Gobierno el espaldarazo que necesitaba para avanzar legítimamente con transformaciones más profundas y responder a las demandas del sector empresario. Está claro que para el gobierno de Macri, como dijo el propio presidente desde el escenario del CCK, “es ahora o nunca”.

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