El fin de la metáfora

Tras su contundente victoria en las elecciones legislativas, Macri sacó a la luz su verdadero plan de gobierno: ajuste severo del Estado, desfinanciamiento público para engordar bolsillos privados y una avasallante flexibilización laboral.

Por Patricio Fiorentino

Publicada en [R]umbo N°24

Cuando Mauricio Macri se paró frente al atril instalado en la cúpula del CCK, miró hacia abajo y tuvo real conciencia de su poder. Gobernadores, referentes de la oposición, su gabinete en pleno, ministros de la Corte Suprema, empresarios y sindicalistas. Todos expectantes del discurso que más y mejor definió al propio Macri. Ese lunes, con las urnas todavía humeantes, el presidente describió como “el reformismo permanente” lo que sería la segunda mitad de su mandato. Una definición marketinera que, al desmenuzarse, sólo despertó sonrisas en los referentes del establishment que se acercaron a verlo. Dijo que, en este nuevo esquema, nadie debería temer y todos deberían ceder algo. Cuando terminó, quedó claro quiénes son los que, en su fantasía, deberán ceder. Y quiénes serán los beneficiarios de esa cesión.

Con un discurso cuidado y pulido durante días en Casa Rosada, Macri dividió su plan en tres ejes, para “comenzar a transformar la Argentina”: responsabilidad fiscal; promoción del empleo; y fortalecimiento de la república y la calidad institucional. “Es ahora o nunca”, apuró el primer mandatario. Sólo soltó trazos gruesos de esos ejes. Pero lo suficientemente claros para detectar en qué dirección iban: la “responsabilidad fiscal”, es el ajuste, propio y ajeno –le habló a las provincias, a sus ministros y hasta a las universidades-; la “promoción de empleo” es la flexibilización laboral y el desfinanciamiento del Estado a partir de reducción de impuestos para los empresarios; el “fortalecimiento de la República” es su propio fortalecimiento.

Tras el discurso de Macri en el CCK, fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el encargado de dar detalles del proyecto de reforma fiscal que prometió ingresar por la mesa de entradas del Congreso en “no más de un par de semanas”. Una fuerte reducción en la carga tributaria a las empresas y la eliminación de impuestos provinciales son algunas de las reformas impositivas que el ministro a cargo de las cuentas públicas tiene en carpeta y que espera que tengan “un trá- mite rápido” en el Congreso. Todas estas modificaciones fiscales solo presionan las ya castigadas cuentas provinciales y economías regionales al generar una ola de recursos que pasan del sector público al privado. Otro baldazo de agua fría para los gobernadores que ya vienen negociando por las cajas previsionales, el reparto de la coparticipación y la obra pública y los judicializados miles de millones del Fondo del Conurbano.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue el autor intelectual del borrador del proyecto para modificar la Ley de Contrato de Trabajo, con el que el Gobierno, explica, pretende combatir el desempleo y el trabajo no registrado. El interlocutor entre el Ejecutivo y los sindicatos rompió su promesa de negociar modificaciones por sectores y las centrales sindicales se desayunaron con una reforma de 144 artículos que replica la experiencia brasilera, en donde sólo ceden los trabajadores y para las empresas es todo beneficio –ver página 5-. Rebaja progresiva de las contribuciones patronales, amnistía impositiva para quienes blanqueen personal, reducción de la base de cálculo para las indemnizaciones, creación de un fondo que cubra el costo por despido, un banco de horas que compensen el trabajo extra y la reducción de dos a un año del plazo para iniciar un juicio laboral es parte del combo que deberá sortear el filtro legislativo.

El paquete de reformas anunciado fue el guiño del Gobierno al grupo de veedores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encontraban en el país con la misión de, una vez más, auditar las cuentas públicas desde que se inició la administración Cambiemos.

LA ESCOBA PRO.

Aunque al principio se ganó los aplausos casi protocolares de los presentes que escuchaban su plan transformador, Macri no tardó en atacar a algunos de sus blancos predilectos. “La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”, insistió una vez más el presidente empresario contra la justicia laboral, para luego apuntar sus cañones contra el sindicalismo, al señalar que “no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”. Todo un guiño para quienes se cansaron del gradualismo y exigen un ajuste todavía más duro que, en simultáneo, barra con muchos de los derechos laborales conquistados por los trabajadores.

Con la excusa de bajar un déficit fiscal que crece sin control, el Gobierno buscará también avanzar con una discutida reforma previsional para modificar la actual fórmula que aumenta las jubilaciones, pensiones y planes sociales, que pasarían a estar atadas a los índices de la inflación oficial. Mientras sigue latente la intención de subir la edad mínima con la que un trabajador puede jubilarse, lo que le cerraría la puerta a miles de jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral.

Casi en simultáneo con los grandes anuncios presidenciales, y tras dos años de presión política y persecución judicial, el Gobierno logró finalmente uno de sus grandes objetivos para intentar controlar un sector clave del aparato judicial: la renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dejará el cargo el 31 de diciembre. Con la legitimidad que le dieron las urnas finalmente logró cargarse a la titular del Ministerio Público Fiscal sin mancharse. La ronda de nombres a sucederla, todos afines a la gestión, ya comenzó.

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