¿Es la corrupción el problema de América Latina?

La cruzada contra la corrupción es una política continental monitoreada desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, destinada a desestabilizar gobiernos populares para adueñarse de recursos y negocios multimillonarios.

Fragmento de un artìculo de Silvina Romano (*)

Publicada en [R]umbo N°22

El problema en América Latina es la corrupción. Así lo definen desde la prensa internacional y los think-tanks del establishment, hasta el Comando Sur de los Estados Unidos. Así lo declaró John F. Kelly, ex comandante de dicho comando (hoy Jefe de Gabinete de Trump) cuando tuvo que referirse al principal enemigo en América Latina “La raíz del problema es el sistema legal y la corrupción…”, visión que constituye el eje de la estrategia del Comando Sur para 2018, pues la corrupción se presenta como uno de los principales factores de inseguridad.

La reciente cruzada contra la corrupción en América Latina (…) tiene algunas características que suelen pasar desapercibidas:

- Existe una estrecha relación entre el modo en que los aparatos judiciales de América Latina reconstruyen los casos de corrupción (en particular el de Odebrecht en Brasil) y la asesoría del Departamento de Justicia estadounidense.

- Existe un vínculo evidente y necesario entre la reconstrucción del caso de corrupción propiciada por el aparato judicial, el operativo de la prensa para manufacturar consentimiento en la opinión pública a favor de esta lucha y el momento (timing político) en el que todo esto ocurre (en general cercano a elecciones o a votaciones de leyes importantes en el Congreso). Factores que confluyen en la creciente judicialización de la política en la región.

- A corto plazo, se instala la idea de “cruzada contra la corrupción en general”, pero los más afectados no solo a nivel judicial sino a nivel mediático han sido los partidos políticos y funcionarios de gobiernos progresistas, siendo el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño y la destitución de Dilma Rousseff el ejemplo más contundente (pero no el único).

- A mediano plazo, se espera que esta “razzia” contra políticos corruptos (re)instale o refuerce un sentido común y una lógica que fue cuestionada por los gobiernos progresistas (y las mayorías que los votaron), a saber: a) que todos los funcionarios son corruptos, que buscan participar de la esfera estatal para robarle al erario público; por consiguiente b) todos los partidos políticos son corruptos y en consecuencia, la gente que se involucra en política, incluso en militancia de base es más corruptible que cualquier otra.

EL MAL DEL POPULISMO.

El director de Transparencia Internacional sintetiza su argumento afirmando: “En muchos países la gente se va a dormir con hambre porque hay corrupción”. Así, el problema no es que los conglomerados transnacionales se nutran de la desigualdad y la explotación en todos los niveles, avasallando la soberanía estatal, la naturaleza, etcétera; el problema no es que unas minorías privilegiadas se beneficien por medios “legales” de la miseria de las mayorías. Esta cosmovisión centrada en la corrupción como causa de la pobreza cobra sentido si consideramos las conexiones de esta fundación.

Una de sus fuentes de financiamiento es la Fundación de Bill y Melinda Gates, una de las principales “donantes” en el mercado de la asistencia global, conocida por su poder de lobby y sus estrechas relaciones con la élite global. Los Gates son íntimos amigos de la familia Clinton (que también tiene su fundación) y procuran cumplir con el objetivo de la asistencia, tal como lo definió alguna vez Hillary (Clinton): que los pobres ingresen al mercado. Y la asistencia para el desarrollo logra expandirse sin límite (ni requisitos de transparencia o fiscalización) en aquellos países que gozan de un Estado ausente en lo económico-social, donde la educación, la salud, la seguridad, el espacio público queda en manos de la gestión de privados y del llamado “tercer sector”. En síntesis, en un escenario neoliberal.

Las empresas offshore no son ilegales, aunque sí pueden (“sin saberlo”) amparar dinero que proviene de negocios ilegales. Tal como declaró la titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino (en defensa de las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri) “construir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”. […] buena parte (sino todos) de esos ricos y poderosos provienen del sector empresarial. El caso Odebrecht es un ejemplo de que los empresarios no son “medidos con la misma vara” que los funcionarios públicos, por el hecho de que el funcionario, por definición, debe cuidar el erario público, en lugar de apropiarse de él. Este argumento, sin embargo, desconoce el hecho de que la evasión impositiva, entre otras prácticas de los altos círculos empresariales, afectan también al Estado. Por otro lado, también se elude la cuestión de que muchos de esos empresarios sí ocuparon y ocupan un lugar en la burocracia estatal, el caso más evidente en América Latina es el de Mauricio Macri.

INTERESES DE FONDO.

Como último punto de esta “cruzada contra la corrupción” y asociado al caso de Odebrecht, pero no circunscrito a él, surge el interrogante sobre los intereses concretos que podrían estar guiando esta batalla. La pregunta es de difícil respuesta. Sin embargo, hay algunos aspectos sugerentes a primera vista. La empresa brasileña Odebrecht era una de las principales constructoras, vinculada a numerosos proyectos de infraestructura a nivel regional. ¿Cómo afecta esto al sector infraestructura de América Latina? ¿Quiénes se quedarán con las concesiones y proyectos de Odebrecht que ya no pueden operar?

Los “expertos” que estudian el futuro de la inversión en infraestructura en la región, aseguran que es un momento difícil para ese rubro. Lo primero que apuntan, es que la región muestra un gran déficit, pues ni siquiera durante el “boom” de las commodities (2004- 2013) se logró superar el 3% de inversión pública y privada en infraestructura. Vemos que las fechas coinciden con los períodos de gobiernos progresistas en varios países de América Latina, que fueron culpados por el “despilfarro” o el abuso de proyectos de infraestructura para beneficiarse de las coimas… algo que no coincide con la inversión deficitaria en el sector.

Más allá del “duro momento”, advierten que aquellos “líderes visionarios” entenderán que el desarrollo de infraestructura es la clave para mejorar la competitividad de la región “aunque el sector público no pueda enfrentarlo por sí solo”, de modo que la “próxima generación de infraestructura será financiada por el sector privado, incluyendo bancos comerciales que buscan rendimientos, los fondos de pensiones latinoamericanos en crecimiento, así como inversionistas internacionales de acciones y prestamistas no bancarios”.

Estos proyectos (que deberán relanzarse después del escándalo de Odebrecht) abarcan desde gasoductos hasta emprendimientos para lograr la navegabilidad de los ríos.

(*) Miembro del Consejo Directivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

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