Flexibilización para todos

El frustrado intento macrista de modificar los mecanismos de contratación y las condiciones del trabajador no fue una excepción: a nivel regional, Brasil logró sancionar una reforma violenta y otros países, como México, Ecuador o Perú, van en la misma dirección.

Por Martín Caballero

Publicada en [R]umbo N°26

Las disputas económicas en América Latina siempre se han visto más intensas en momentos de desaceleración, recesión o caída del producto regional. Es en esos momentos cuando distintas cámaras o voceros del empresariado insisten nuevamente en modificar las condiciones de empleo. Justamente, en los últimos años América Latina experimenta una caída de su producto bruto interno que comienza en 2010 con las repercusiones de la crisis económica internacional y la caída del precio de las commodities.

Las discusiones sobre reformas laborales e impositivas en los distintos países siempre se presentan como necesidades para hacer repuntar el crecimiento de la economía a través de la competitividad, mientras que esconden que el beneficio para los sectores empresarios se obtiene limitando y anulando derechos que hacen a la seguridad de los y las trabajadoras.

Los costos laborales, además, sirven para desviar la atención sobre otras variables exógenas de la economía que representan un mayor problema para el desarrollo económico, como lo son el bajo precio de los productos que exporta la región -aunque se pronostica un aumento de los precios a partir del 2018-, o endógenas, como los bajos niveles de inversión.

BRASIL.

La reforma más impactante es la de Brasil. Aprobada a pesar de las huelgas nacionales y las movilizaciones, los cambios en la legislación atacan de lleno los derechos laborales. Como principal ítem hace prevalecer los acuerdos entre patrón o empresas y empleados por sobre la legislación laboral vigente y sin la necesidad de participación de los sindicatos. De esta manera se anulan virtualmente los convenios colectivos de trabajo.

Entre otras medidas que buscan debilitar la fuerza sindical se encuentra la no obligatoriedad de la contribución sindical, que pasa a ser voluntaria, la posibilidad de realizar despidos colectivos sin la intervención de los sindicatos y además se habilita a las empresas a negociar condiciones de trabajo con representantes no sindicales de los y las trabajadoras.

A esto se suman también otros beneficios para la patronal, como la flexibilización del horario de las jornadas y las vacaciones. De esta manera el empleador puede pactar jornadas de 12 horas de trabajo -sin horas extracompensando con 36 horas de descanso y fraccionar las vacaciones en un máximo de tres partes. La reforma brasileña también amplía las posibilidades de subcontratación -antes sólo contemplaban las tareas de limpieza- y también reglamenta el trabajo desde el hogar y el trabajo intermitente.

MÉXICO.

México ha sido uno de los primeros países en avanzar en este sentido luego de la crisis económica, con una reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el actual oficialismo, y el Partido de Acción Nacional (PAN). Incluye la creación de nuevos tribunales para dirimir conflictos laborales con distintas instancias de conciliación.

Además, la reforma suma nuevas formas de contratación a prueba para nuevos ingresos, capacitación inicial y trabajos de temporada. Regula la tercerización de actividades con el propósito de que el patrón se haga cargo de las obligaciones de seguridad social y salud. Como novedad también regula el pago por hora, computando como pago mínimo el monto de una jornada laboral entera.

A pesar de las resistencias ofrecidas por el movimiento obrero, la reforma fue implementada y el saldo el magro: se ralentizaron las tasas de crecimiento del empleo y sostiene un alto nivel de empleo vulnerable y unas tasas de informalidad que rondan el 57%.

ECUADOR.

Con un proyecto distinto, Ecuador también encaró una reforma laboral que fue aprobada en marzo del 2016 durante el mandato de Rafael Correa. Esta se centra en distintos puntos como el trabajo juvenil, introduciendo una figura específica e incentivando a la contratación de jóvenes entre 18 y 26 años a través de la subvención de los aportes de seguridad social, de los que se hará cargo el Estado.

También contempla la flexibilidad de la jornada horaria, pudiendo solicitar autorización para reducir la jornada laboral de 40 a 30 horas semanales, pudiendo el Estado solicitar muestra o evidencia de las razones de fuerza mayor. También podrán ampliar la jornada diaria distribuyendo las horas de manera irregular en la semana, pero sin exceder el tope de las 40 horas semanales.

Lo más discutido de la reforma fueron la licencia opcional y voluntaria sin remuneración para el cuidado de los hijos, que supone un período de nueve meses, y el seguro de desempleo que se constituirá con una tercera parte del aporte que realizan los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los y las trabajadoras tendrían entonces la posibilidad de elegir entre retirar sus fondos acumulados de cesantía o el seguro de desempleo.

PERÚ.

El gobierno peruano también avanza con un proyecto para modificar el régimen para la contratación de empleo juvenil en forma de pasantías. Con el antecedente de la denominada “Ley Pulpín”, aprobada en 2012, que fue resistida por movilizaciones y criticada por organismos como la OIT por ser una precarización del empleo juvenil encubierta, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, busca ahora aprobar una ley que permita a los jóvenes con estudios técnicos realizar un trabajo de 20 horas semanales por hasta tres años: Sin recibir paga.

Todas estas avanzadas sobre los derechos laborales adquiridos en Latinoamérica han generado reacciones en los movimientos obreros, estudiantiles y sociales del continente. En el caso de Brasil cientos de miles de personas se movilizaron en contra de la reforma en distintas ciudades en las que se mezclaron distintas consignas contra la reforma laboral, previsional, y también contra la presidencia de Temer. Si bien la reforma laboral entró en vigencia gracias a la presión y organización se logró frenar la reforma previsional, que buscaba aumentar la edad de jubilación y la cantidad de aportes requeridos para poder acceder.

La avanzada neoliberal de reformas laborales busca generar un mercado laboral y productivo tan volátil como el mundo de la especulación financiera. A través del cercenamiento de los derechos laborales se busca construir un mundo donde la producción no esté sujeta al crecimiento de una región, país y mucho menos dirigida al abastecimiento de las mínimas necesidades de la población. Al contrario: se espera la mayor libertad para buscar ganancias a costa de la seguridad y la protección de los y las trabajadoras.

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