Incendios, abandono, siete vidas y miseria planificada

Dos familias destruídas. Chicos y nenas de entre 2 y 17 años consumidos por las llamas en las precarias casillas que habitaban. Y la gestión municipal, provincial y nacional, que exponen a los olvidados a más muerte y más olvido.

Por Ayelén Lemos

Siete vidas se llevaron los últimos incendios en el barrio ACUBA y Caraza, de Lanús. No había agua para apagar el fuego y los bomberos tampoco llegaron. Familias y barrios enteros a los que el Estado solo visita esporádicamente, tal vez para hacer campaña electoral o para inaugurar una obra pequeña, una solución parcial que creen que los va a dejar contentos unos meses. Estos barrios estuvieron sin luz por más de 15 días. Los hogares de las 453 familias que viven en ACUBA están conectados a un mismo transformador, que, obviamente, no es suficiente y se quema continuamente por la enorme demanda. Por esos días a oscuras, los vecinos habían pedido al municipio que dé una solución y envíe a los técnicos de Edesur. Nada de eso ocurrió.

Elunei, Mia, Zoe y Luana, cuatro hermanas de entre 2 y 7 años, fueron las primeras víctimas de la desidia estatal. Se las llevó el fuego que tomó la casilla de madera en la que vivían. ¿La causa? La vela que usaban para iluminar su casa, cuando llevaban ya una semana sin luz, cayó y desató la tragedia. Cuando los vecinos intentaron ayudar ni había agua en toda la zona. Terminaron juntando, lo que pudieron, con baldes, de las zanjas. Lógicamente no alcanzó.

Como respuesta a esa tragedia, Edesur arregló la fase de ACUBA, pero dejó sin luz al barrio San José Obrero. Lo que abrió la puerta a otra tragedia, otro incendio, otra vez en una vivienda precaria. Murieron Daniel Braian, de 14, y su tío Daniel Armando Trejo, de 41, mientras intentaban salvar al resto de su familia. Alexis, de 17, murió días después por las graves quemaduras de las que fue víctima en el mismo hecho.

Siete muertes que de accidente no tienen nada. Como dice Juan Grabois, compañero del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –que trabaja hace muchos años con los vecinos-, “en Villa Caraza, en el Barrio ACUBA, vive el descarte: son negros, son delincuentes, son cirujas... su vida no vale nada. El Estado no está para cuidarlos a ellos sino para cuidarse de ellos”.

Mientras los funcionarios del intendente Néstor Grindetti y la empresa Edesur se devuelven la pelota sobre la responsabilidad, las casillas de madera siguen con la misma fuente eléctrica. Llegaron las promesas y algunas soluciones transitorias, y las dos se fueron muy rápido.

Para mejorar la infraestructura y terminar con esta pesadilla es necesario que la empresa realice la inversión correspondiente, incorporando transformadores y tendido para las manzanas de la zona. Y si la empresa no se hace cargo, que sea el Estado, que debería garantizar el acceso a servicios esenciales. Pero ni Grindetti ni la gobernadora, María Eugenia Vidal, parecen interesados en generar una solución. Otra vez, la realidad supera su ficción.

Los números que bajan

Hacia fines de 2016, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó el presupuesto local, que puso números a las verdaderas intenciones de Cambiemos. A primera vista, la disminución del total proyectado para 2017 en comparación con el gasto de 2016 es escandalosa: de $4.365,1 millones estimado para fines de 2016 se pasó a un presupuesto de $4.136,7, a contramano del 17% de inflación previsto por el INDEC.

¿Qué gastos se ajustaron? Además de Educación y Cultura, según el Instituto de Estudios y Políticas Públicas Desarrollo I, el área de Desarrollo Urbano fue una de las perjudicadas con “una disminución en las partidas del orden del 13,4%”. En otras palabras, se avanzó hacia el desmantelamiento del área responsable del mejoramiento de infraestructura en los barrios y de la construcción de viviendas. Es inevitable hablar de miseria planificada. El gobierno local elige dar continuidad a la pobreza y la exclusión.

Promesas contaminadas

En agosto de 2016, la gestión de Grindetti presentó junto a la Secretaría de Vivienda y Hábitat el Plan Nacional de Hábitat para Lanús, que proponía la urbanización integral y el mejoramiento de viviendas en los barrios San Francisco, El Ceibo, Monte Chingolo, Guadalupe, Santa Teresita, El Pueblito, ACUBA, La Fe y Villa Jardín. “Las intervenciones están orientadas a brindar a los vecinos acceso a servicios básicos, mediante la construcción de redes cloacales, desagües pluviales, redes eléctricas y sistemas de alumbrado público”, se aseguraba durante su presentación. Mientras estos barrios esperan y reclaman por el cumplimiento de los compromisos, las tragedias se incorporan a las deterioradas condiciones de vida de sus habitantes.

Villa Caraza bordea la ribera sur del Riachuelo. Ahí, la pobreza y el hacinamiento son acompañados por la contaminación de la cuenca, que limita el acceso al agua potable e impacta en la nutrición de los niños y niñas que se crían en la zona. Y, pese a que la megacausa Mendoza –la que derivó en el fallo de la Corte Suprema que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo-demostró las consecuencias de este brutal abandono y desnudó las falencias de Acumar, máxima autoridad en materia ambiental en la región, Cambiemos redobló la apuesta.

Por un lado, Caraza recibirá el tráfico contaminante de autos y transportes de carga que circularán por el puente Sadop, que unirá Lanús y la Ciudad de Buenos Aires. Esta megaobra, que el mismo Grindetti planificó cuando ocupaba el Ministerio de Hacienda porteño, pondrá 50 mil vehículos diarios a transitar la zona que no cuenta con las condiciones de infraestructura para absorber ese caudal.

Por otro, ACUBA se ve amenazado por los efluentes cloacales que recibirá de la Villa Olímpica que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta construye para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en 2018. Los desechos de los 31 edificios de Villa Lugano irán a parar a la planta que, originalmente, fue desarrollada con capacidad para los y las lanusenses.

Este combo de nuevo puentes y más residuos profundiza el impacto ambiental y empeora las condiciones de vida de miles de habitantes de nuestro distrito y es parte de la estrategia de ocultamiento de la necesidad que atraviesa la gestión Cambiemos.

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