La desobediencia feminista ante un Estado que abandona

A casi dos años de sancionada la ley para garantizar el patrocinio jurídico gratuito por violencia de género su implementación es casi nula y terciarizada, algo contrario al espíritu de la ley. Mientras, el macrismo vacía políticas para mujeres e impulsa una respuesta punitivista.

Por Florencia Moragas

Publicada en [R]umbo N°20

El 3 de junio se impuso en el calendario argentino como una fecha ineludible a la hora de hablar de la violencia machista. A diferencia de otras fechas de la agenda feminista, esta condensa, con todas las contradicciones del caso, la condena social y colectiva contra la violencia patriarcal. Esa primer convocatoria del Ni Una Menos, en 2015, amplificó considerablemente el eco de los reclamos históricos del feminismo e invitó a replicar en cada rincón del país ese grito desgarrador, para decir basta a esa violencia que nos mata por ser mujeres, lesbianas, travestis, o trans.

La primera edición del Ni Una Menos propuso cinco puntos centrados, principalmente, en los femicidios. Las exigencias al Estado estaban vinculadas a un registro oficial de violencia, insumo fundamental para planificar políticas públicas serias e integrales. El acceso a la Justicia para que los jueces dejen de archivar las causas y accionen sobre esos expedientes, era otro de los reclamos. El diseño de un plan nacional contra la violencia de género, era uno de los cinco puntos. En consecuencia, con el impacto social que generó el Ni Una Menos ese año, y por ley, se aprobó la creación del cuerpo de abogados y abogadas para las víctimas de violencia de género, y se oficializó el Registro de Femicidios tanto en la órbita del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia. Sin embargo, aún no están implementadas plenamente y carecen de exhaustividad, y en el peor de los casos, están en retroceso.

La segunda edición del grito colectivo, que pasó de la espontaneidad a la pulsión organizada, salió a repudiar que no solo las demandas del 2015 no estaban saldadas, sino que muchas de las políticas de género, consolidadas durante los doce años de kirchnerismo, fueron vaciadas y desarticuladas por el gobierno de Mauricio Macri. Así, por ejemplo, la educación sexual integral, que jamás logró instalarse plenamente en todas las escuelas, se vació y se restó voluntad política para insistir en su implementación a nivel nacional. Esta movilización se tradujo en la presentación del Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y la media sanción de la declaración de la emergencia nacional por violencia de género que prevé una ayuda económica mensual, equivalente a un salario mínimo vital móvil, para mujeres que estén en una situación de violencia de género, el Congreso aún nos debe su sanción.

El gesto punitivista

La tercera movilización, fortalecida por el primer Paro Nacional de Mujeres en octubre del año pasado, y por el Paro Internacional de Mujeres, este 8 de marzo, posicionó al feminismo argentino como un actor relevante del escenario político actual. La apuesta, esta vez, tuvo que ver con profundizar cómo comprendemos que el Estado debe responder contra la violencia.

El Plan Nacional contra la violencia presentado por el Consejo Nacional de las Mujeres, tiene el 80% de su presupuesto destinado a construir refugios, medida que solo está destinada a situaciones agudas y de mujeres que pudieron denunciar. A esto se suma que, el año pasado, según el Observatorio Marisel Zambrano, 290 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer y el 84% de ellas no había realizado la denuncia. Esto obliga a repensar qué respuestas tiene que dar el Estado: no puede la denuncia ser la única posibilidad. Por eso, hoy se habla de un Estado responsable, incapaz de leer el descrédito que pesa sobre la vía judicial.

En ese contexto, y con la movilización que generó el femicidio de Micaela García en Gualeguay, el oportunismo macrista intentó avanzar con un sesgo claramente punitivista en la reforma del Código Penal, planteando la necesidad de agravar las penas. Así, este 3 de junio, un imperativo era salir a decir que aumentar las penas no responde al problema. Hay que llegar antes, hay que prevenir, hay que generar respuestas que acompañen y contengan. Un Estado que alienta sólo a transitar instituciones donde nos exponemos a nuevas situaciones de violencia, es un Estado que abandona.

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