La era del mega ajuste

El Gobierno abandonó su discurso licuado y anunció, sin eufemismos, que bajar el déficit a través del gasto público es ahora su prioridad. Para eso, fue en busca de un crédito del FMI, que nada tiene de novedoso y llega con la receta de siempre.

Por Patricio Fiorentino

Publicada en [R]umbo N°28

Tras una corrida cambiaria del mercado que provocó una fuerte devaluación del peso y la pérdida de miles de millones de dólares en reservas del Banco Central, Mauricio Macri anunció, con un mensaje de un minuto y medio grabado en Casa Rosada, que la Argentina volvería a golpear las puertas de un viejo conocido: “He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Casi en simultáneo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volaba de urgencia a Washington D.C., donde lo esperaba una comitiva y la propia titular del organismo, Christine Lagarde, para comenzar a cerrar un blindaje a costa de un fuerte ajuste, que impactará, también una vez más, sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad.

El regreso al FMI ya está decretado. El fin del “gradualismo”, el nombre que eligió el equipo de comunicación de Cambiemos para el ajuste light, también. Las conversaciones que dio inicio el Gobierno podrían concluir con un crédito que rondaría entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares. La Argentina volverá así a financiarse bajo las condiciones que imponga el Fondo, que solo puede traducirse en aceptar una profundización del ajuste y recorte de derechos adquiridos por la mayoría de la población. Ni Macri apeló a eufemismos para explicarlo. Dijo, lisa y llanamente, que “acelerar” el recorte del “déficit” es ahora la “prioridad” de su gobierno. Ni la pobreza cero, ni la guerra contra el narcotráfico, ni unir a los argentinos. La tríada de promesas con las que asumió en diciembre de 2015.

Aunque Dujovne insistió en convencer que “este es un Fondo Monetario muy diferente al que vivimos”, para no despertar viejos fantasmas, la junta ejecutiva del FMI ya concluyó en su consulta del Artículo IV con Argentina, en diciembre pasado, que “la reducción del gasto público es esencial, especialmente en áreas donde el gasto ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, en particular los salarios, las pensiones y las transferencias sociales”. Toda una señal de que el FMI nada cambió en su metodología para sanar economías en conflicto.

LA ASPIRADORA DE TRUMP.

La liberación de todos los controles a los capitales especulativos, como política económica, hizo sentir al Gobierno en carne propia la ambición del mercado, que ahora le exige que abandone el gradualismo y aplique el shock que profundice el ajuste de la manera más feroz. La dependencia que tiene la Argentina sobre la divisa estadounidense hizo que se movieran los cimientos del plan económico del Gobierno ante el primer movimiento de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos.

Ante el crecimiento de su economía local por el modelo proteccionista que viene aplicando el presidente Donald Trump, la FED subió las tasas de interés de 1,50 a 1,75%, lo que provocó que grandes inversores especulativos buscaran los bonos estadounidenses, abandonando sus posiciones en países emergentes, pero que impactó con más fuerza en la Argentina, que tuvo que devaluar su moneda en un 25% y subir la tasas de interés hasta el 40% en tan solo dos semanas para calmar la voracidad del mercado, que le aspiró 12 mil millones de dólares de sus reservas al BCRA, en unos pocos días.

La suba de las tasas que digitó la FED encareció el crédito externo, combustible del plan económico que ideó el equipo que maneja las finanzas en el Gobierno, encabezado por el ministro Luis Caputo. Esto le abrió las puertas del FMI para salir a buscar ayuda financiera bajo un plan de reducción del déficit fiscal, que ya en diciembre pasado había realizado un informe sobre la economía local, que recomendaba profundizar los recortes en el gasto público para reducir las cuentas en rojo.

DIRECTO AL BOLSILLO.

La corrida cambiaria dejó algunos ganadores, pero muchos más perdedores. Aunque desde el Gobierno festejaron el fin de la sangría de las reservas del Banco Central (BCRA) y la renovación de la totalidad de las Lebac (Letras del BCRA), el sacudón de la timba financiera dejó consecuencias negativas, sobre todo, para la clase trabajadora. La devaluación del 25% del peso, que pasó de 20 a fines de abril a 25 promediando mayo, ya comenzó a sentirse en la remarcación de los precios de todos los productos de la canasta básica y aleja cada vez más la inverosímil meta inflacionaria del 15%, insolitamente ratificada por Dujovne. En el primer cuatrimestre de 2018, la inflación ya alcanzó el 9,6%, lo que representa el 64% de lo proyectado por el Gobierno para todo el año.

La suba de las tasas de interés en más de 40% que digitó el BCRA para evitar que los inversores especulativos muden sus fondos al dólar y disparen la demanda, encareció el crédito para los sectores productivos de la economía, recompensando fuertemente a los pesos pesados del mercado, quienes siguen apostando a la fiesta de las Lebac y la bicicleta financiera, recaudando fortunas siderales desde los sillones de su casa, sin poner en marcha una sola máquina y sin crear un solo puesto de trabajo.

Con un reluciente discurso, las primeras líneas de Cambiemos, como la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y hasta el propio Presidente buscaron instalar que “el mundo” los puso en esta situación crítica, que ahora les exige acelerar el ajuste fiscal y que deberán enterrar su plan gradualista. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en cambio, se refirió a “el mercado”, sin esquivar el bulto, como el responsable del cimbronazo financiero que tuvo –y tiene- en vilo al equipo económico de Cambiemos desde los últimos días de abril.

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mencionara que hacía falta un gran acuerdo nacional con la oposición para reducir el déficit fiscal, Macri convocó a un grupo de gobernadores del PJ a Casa Rosada, a quienes quiere cómplices de su plan de ajuste, para no pagar solo el costo social y político que implica el recorte de la economía. Aunque respaldarán la “gobernabilidad”, los mandatarios provinciales dieron señales de que no se subirán al tren del ajuste, ya que la reforma fiscal que se aprobó -bajo presión- sobre el cierre de 2017 no les deja ya demasiado margen para seguir recortando el gasto público en cada uno de sus distritos.

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