La letra chica de la herencia macrista

Achicamiento de la planta de empleados públicos, liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, inflación del 27%, aceleramiento del ajuste fiscal, tarifazos. ¿Qué significa el acuerdo del Gobierno con el FMI?

Por Victoria Larrea

Publicada en [R]umbo N°29

En medio de la crisis económica que desató la corrida cambiaria y la devaluación del dólar en mayo, el Gobierno recurrió al viejo y conocido Fondo Monetario Internacional (FMI) para sortear la crisis. Crisis que fue la consecuencia de las políticas económicas que ejecutó desde el primer día de mandato Mauricio Macri, al apostar a la reprimarización de la economía, el endeudamiento y la bicicleta financiera.

Frente al problema estructural de falta de dólares el Gobierno, que es fanático de los mercados y repite en su discurso que no hay recetas mágicas para sortear la crisis, apuesta a una receta tradicional y de final cantado. Después de dos años de inflar la bicicleta financiera a través de la emisión de Lebacs y sin ningún resultado satisfactorio en el horizonte, presionado por monstruos que lo impulsaron a devaluar la moneda diez pesos en seis meses, anuncia el acuerdo con el FMI.

La Argentina ya ha recurrido en otras ocasiones al salvataje del Fondo. El acuerdo con el FMI impone a la Argentina limitaciones para el ejercicio de su política económica que condicionarán el desarrollo del Estado y su capacidad para garantizar derechos a varias generaciones. Ese es el precio a pagar por lo que los funcionarios del Ejecutivo y sus voceros pro mercado en la televisión llaman beneficio, eufemismo sostenido a partir del pago de menores intereses sobre los 50 mil millones de dólares tomados como deuda.

El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que sintetiza la Carta de Intención emitida por el Gobierno argentino inicia con una afirmación que no sostiene en ningún ítem posterior. Se afirma que “es importante destacar que nos comprometemos a que la carga de la recalibración necesaria de la política fiscal sea compartida equitativamente, protegiendo por completo a los sectores más vulnerables de nuestra población”. ¿Cómo protegerá a los más vulnerables con recortes y recesión? ¿Cuál es su plan?

Como en los malos recuerdos de nuestra historia, el gobierno de Cambiemos pretende usar fondos que pertenecen a los jubilados para cumplir su acuerdo. Para disminuir el volumen que el pago de las jubilaciones representa en el déficit fiscal, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne meterá la mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la caja anticíclica de los jubilados y pensionados, el fondo previsional de la ANSES que se creó como reserva para resguardar el sistema previsional ante shocks adversos, que también perdió valor con el manoseo y la devaluación.

En 30 meses de gobierno macrista, el FGS pasó de tener más de 77.000 millones de dólares (66.000 millones de dólares que había en 2015 más 11.000 millones de dólares por el blanqueo) a 46.000 millones.

Paralelamente, el FMI exige la eliminación del Banco Central (BCRA) en la regulación del dólar, para que su precio sea fijado por el mercado. Corramos al Estado del medio, dicen, para que nadie se meta en nuestros negocios. Con un BCRA limitado en su accionar, la flotación del dólar no permitirá bajar la inflación y esto afectará el poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, porque tampoco habrá paritarias a la altura de esos aumentos.

Además, en la crecida del precio del dólar y la baja de las barreras aduaneras seguirá impactando en la producción nacional. Sin competitividad en la moneda, cerrarán más industrias y comercios y se perderán más puestos de trabajo.

Para el organismo que preside Christine Lagarde, Argentina gasta mucho. Por eso, en la carta de intención dirigida al FMI, el ex panelista de TN explicita el compromiso de reducir el empleo público un 15% más de lo hecho hasta hoy, recortar un 25% de las empresas públicas y hasta amaga con quitar la jerarquía de ministerio a carteras como Cultura.

Además de afirmar que el Gobierno acudirá al FGS para afrontar gastos corrientes como pensiones y jubilaciones -a razón de consumir 30.000 millones anuales del FGS (0,4% del PBI)-, hay otros puntos alarmantes en el acuerdo con el Fondo. En primer lugar, el Gobierno modificó por tercera vez su meta de inflación anual llegando al 27% que es casi el doble del 15% anunciado en diciembre de 2017. Siguen modificando las metas inflacionarias mientras ofrecen paritarias que no superan el 15%. Recién ahora se abrió a la posibilidad de que los sindicatos puedan ampliar sus aumentos 5% más. Justo cuando las previsiones inflacionarias más optimistas ni siquiera confían en ese 27% estimado y pronostican un piso del 30%.

En cuanto a la obra pública, en la carta se afirma que “Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean”. El Ejecutivo, sin muchos eufemismos, anuncia un freno radical que trae como principal consecuencia la reducción de puestos de trabajo y una baja del consumo.

Se prevé además un nuevo recorte en los subsidios a la energía y el transporte que pagarán de su bolsillo los consumidores, ya que se proponen aumentar la proporción del costo de producción de los servicios sobre el precio que se paga.

Por último, se irán reduciendo las transferencias a las provincias. A pesar de que desde la retórica afirman que no esperan que esto produzca un aumento del déficit a nivel provincial, resulta extraño saber cómo lo lograrán teniendo que afrontar gastos mayores desde las arcas provinciales.

Este mega endeudamiento, como todos los anteriores, lo pagarán los sectores más débiles de la economía. A lo sumo, pagarán la deuda con más deuda. Y así se llega al final del túnel.

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