La Patagonia bajo fuego

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, viene desplegando una furiosa persecución sobre los pueblos originarios del sur. Ya se cobró dos muertos y, con la creación de la figura del invisible enemigo interno, va por más.

Por Facundo Denmon

Publicada en [R]umbo N°25

Sin las luces, los testigos y las cámaras que registran el accionar del aparato represivo en Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich viene desarrollando un silencioso pero potente proceso de militarización en la Patagonia. Frente al reclamo histórico de comunidades mapuches respecto a la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, la solución del Gobierno se plantea a través de la demonización de la comunidad, violentos desalojos, balas y muertos. Ya van dos.

La muerte de Santiago Maldonado, en el marco de una brutal represión de Gendarmería, y el feroz asesinato por la espalda a Rafael Nahuel, joven activista mapuche, permitió poner sobre la mesa la compleja situación que se vive en el sur del país.

El conflicto por las tierras reclamadas por la comunidad mapuche data de largos años atrás. Desde la Campaña del Desierto, en la que les sustrajeron a los pueblos originarios sus territorios ancestrales, hasta la actualidad, los sucesivos gobiernos no han podido solucionar la disputa. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 1994 se visibilizaron y reglamentaron los derechos indígenas sobre sus tierras y, sobre todo, con la sanción de la ley 26.610, declarándose el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad respecto a las tierras que tradicionalmente ocuparon las comunidades originarias de nuestro país. Como contra cara, grandes grupos económicos, como Benetton, avanzaron en la compra de extensos e invaluables cientos de miles de hectáreas patagónicas en disputa.

Más cerca en el tiempo, en 2015, hubo intentos por aplicar la Ley Antiterrorista sobre actores de la comunidad mapuche por parte de la justicia de Chubut. Esto hubiera permitido adjudicar la competencia sobre los conflictos de tierras a la Justicia federal y que la pena se duplique en caso de haber condena. La Cámara Federal, sin embargo, la rechazó.

Aunque haya tomado mayor visibilidad el conflicto en los últimos meses, la represión en la Patagonia ya venía creciendo. En enero, Gendarmería y la policía chubutense realizaron un violento desalojo a la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La desproporción entre el operativo violento de las fuerzas de seguridad y la comunidad fue escalofriante.

EL TÁNDEM REPRESIVO.

Desde que tiene a Bullrich a la cabeza, el Ministerio de Seguridad se ha puesto al frente de la resolución del conflicto en la Patagonia. Pablo Noceti, jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza de la ministra, acumuló varios viajes a estas provincias. Su rol está asociado con la instrucción a las fuerzas de seguridad federales –y provinciales, tambiénsobre protocolos represivos. Fundamentalmente, instruyéndolos respecto a la figura de “flagrancia”, que permite a las agencias accionar su rol represivo y de desalojo cuando el delito se está cometiendo in situ, sin previa autorización de un juez. Noceti no pasó “a saludar”, como explicó Bullrich, a los gendarmes que ejecutaron el operativo en el que desapareció Santiago. Estaba en Chubut con esta tarea.

Las fuerzas de seguridad federales pueden intervenir únicamente cuando se trata de un delito federal, como el corte de una ruta nacional o el desalojo de un parque nacional. Esto es lo que permitió, por caso, que Gendarmería persiga a Maldonado hasta la costa del río Chubut, donde apareció muerto dos meses más tarde. O que el grupo Albatros de Prefectura libere su saña violenta y sus balas sobre el cuerpo atemorizado de Rafael Nahuel. En el resto de los casos se trata de disputa de tierras locales y deben intervenir las fuerzas provinciales.

En este sentido, el trabajo de coordinación entre el Ministerio de Seguridad y los gobernadores provinciales ha sido permanente. Tal es así que a principios de diciembre se realizó una reunión en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la que participaron los gobernadores de Neuquén, Chubut y Rio Negro y los ministros Bullrich, Germán Garavano (Justicia) y Rogelio Frigerio (Interior), parar lanzar un equipo interministerial que afronte el conflicto mapuche.

El Poder Judicial, si bien no toma mayor protagonismo en el conflicto, es el que avala desalojos y se muestra en un rol pasivo respecto al brutal uso de la fuerza por parte de las agencias de seguridad.

EL ENEMIGO INVISIBLE.

La brutal represión y militarización que vive la Patagonia encuentra su correlato discursivo en la construcción de un enemigo interno: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Este grupo mapuche minoritario y ultra violento que no reconoce el estado de derecho, del cual todavía no existe una sola prueba fehaciente que compruebe su existencia, más allá de algunos atentados contra la propiedad que le fueron adjudicados.

El relato que ha construido el Gobierno nacional respecto a las actividades de este grupo buscan legitimar el escandaloso accionar de las fuerzas de seguridad: el poder punitivo de autor gana terreno frente al derecho penal de acto, colocando en una situación de fragilidad –ahora sí- al débil estado de derecho que rige, hoy, en la Argentina.

La demonización que construye el Gobierno en conjunto con los medios masivos de comunicación -y subrayada por los gobernadores de Río Negro, Neuquén y Chubut- logró colocar a la comunidad mapuche y sus reclamos por tierras ancestrales en un lugar de ilegalidad, asociada al terrorismo, que le permitirá al Ejecutivo que comanda Mauricio Macri ir por más y violentos desalojos y poner en marcha la peor cara de su aparato represivo. Hasta ahora las consecuencias son claras: dos jóvenes muertos, casas destruidas, mujeres y niños detenidos. Están decididos a continuar este camino.

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