Licencia para matar

El Gobierno, a través de la ministra Bullrich, autorizó un protocolo que habilita el gatillo fácil policial, una especie de legalización del caso Chocobar. Contraría fallos de la Corte y normas internacionales. Hasta Carrió lo tildó de fascista.

Por Facundo Denmon

El Gobierno dio a conocer el nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. La decisión, contraria al Código Penal, a fallos recientes de la Corte Suprema y normas internacionales y, en boca de la propia Elisa Carrió, también contraria a los Derechos Humanos, torna mucho más permisiva la utilización de balas de plomo frente a presuntas amenazas.

Por ahora está frenado por una medida cautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, que la declaró inconstitucional. Una traba que el Gobierno intentará sortear rápidamente, sobre todo al tratarse de un magistrado históricamente enfrentado al macrismo.

El nuevo reglamento permite el uso frente a un "peligro inminente", incluyendo las amenazas o la presunción de la posesión de armas de fuego. También las admite en caso de utilización de elementos símiles (hasta ¡pistolas de juguete!) o cuando el “presunto delincuente” intente darse a la fuga. En definitiva, aumenta los causales y achica los límites: policía que se sienta amenazado, policía que gatilla.

EL SISTEMA CHOCOBAR. Si hace poco más de un año sorprendía el obsceno apoyo que demostró el Gobierno a Luis Chocobar, el policía que acribilló por la espalda a un delincuente que huía después de ejecutar un robo violento, ya debería dejar de hacerlo. Esta respuesta es un modelo de acción para Patricia Bullrich y su idea de “orden y seguridad”. En los términos de la ministra, para garantizar la seguridad de la ciudadanía hay que empoderar a la policía.

De a poco, el discurso oficial comienza a penetrar en tribunales. Los recientes casos de Carla Céspedes y Arsenio Barsay, policía y gendarme respectivamente, que no dudaron en disparar a matar, son una demostración. Ambos absueltos por la Justicia y en cuyos fallos se demuestra una actitud más permeable para permitir este tipo de procedimientos en consonancia con el nuevo reglamento.

Tan ridícula es la legalización del gatillo fácil que impulsa Bullrich que le valió un cruce furioso de, tal vez, la dirigente de Cambiemos que más la respaldó hasta ahora. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los Derechos Humanos fundamentales”, escribió Carrió en Twitter, “nosotros no vamos a ir al fascismo”.

Para agigantar el escándalo, cerró: “El día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí”.

Empujados por el discurso oficial y la impunidad que sobrevuela, son cada vez más los muertos en manos de las fuerzas de seguridad. Hace dos semanas, dos compañeros de la CTEP (primero en La Matanza, luego en Córdoba) fueron fusilados por policías. Ellos, se sumaron a un largo listado. Santiago Maldonado, cuya aparición sin vida ahogado en el río cuando escapaba de una oleada represiva de Gendarmería, todavía espera una explicación. Rafael Nahuel, Ismael Ramirez y muchos más. Pibes. Pibas. Jóvenes. Trabajadores. Pobres. Negras. Mapuches.

Con cierto cinismo, la ministra de Seguridad sostuvo que, con la legalización del protocolo Chocobar, “la sociedad va a tener claro dónde está el bien y dónde el mal”.

El crecimiento de la violencia fue estrepitoso durante los últimos años. Así, crece también una sensación de indefensión generalizada: ¿Y a mí quién me defiende?. Tal vez por eso el discurso que nace desde el seno del Poder Ejecutivo -no es sólo Bullrich, es un esquema garantizado por todo el Gobierno- encuentre su calce en gran parte de la sociedad.

Hay un dato que no es menor. Bullrich, según varias encuestas, es la ministra con mayor imagen positiva de todo el Gobierno. Si bien es aventurado hablar de una Bolsonaro argentina en potencia, sí hay que prestarle atención a esos procesos que crecen a lo largo del planeta. Muchas veces, estas expresiones profundamente violentas y fascistas logran posicionarse como una garantía de orden y una salida eficaz al fracaso de la política tradicional.

El desafío es demostrar que a lo largo de la historia fueron los procesos populares quienes pudieron garantizar el orden y que la violencia impulsada desde el Estado difícilmente logre otra respuesta que no sea más violencia. Hay lugares de la historia a donde nadie quiere volver.

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