Los barrios que empujan los barrios

Las organizaciones sociales impulsan la ley para expropiar y urbanizar más de 4.300 terrenos ocupados en todo el país, que ya se discute en la Cámara de Diputados. La necesidad de un seguimiento minucioso para que al proyecto no se lo devore la política.

Por Sonia Lombardo

Publicada en [R]umbo N°28

A mediados de mayo, la Cámara de Diputados empezó a discutir la ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de Barrios Populares. Un proyecto presentado por Cambiemos pero trabajado por las organizaciones sociales y militado en las calles, cuyo embrión surgió el 7 de agosto de 2016, día en que se resignificó la clásica concentración en torno a San Cayetano para confluir en una masiva movilización de Liniers a Plaza de Mayo bajo la consigna “Pan, Paz y Trabajo”.

La propuesta, que surgió del trabajo conjunto entre el conocido como “triunvirato de San Cayetano” –integrado por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)- y las ONG Techo y Cáritas Argentina, plantea la expropiación de los terrenos en los que se asientan los Barrios Populares relevados hasta el 31 de diciembre del 2017, para luego avanzar hacia una la regularización dominial de las viviendas y su posterior urbanización.

Además se impulsa la celebración de acuerdos con las Provincias y Municipios para la transferencia de inmuebles mediante mecanismos de compensación impositiva.

Algunos datos revisten especial importancia para entender el escenario por el que transita este proyecto de ley. El 61% de los terrenos donde se asientan los barrios relevados pertenecen a propietarios privados.Sobre esas tierras, el relevamiento de 4.329 barrios determinó que una inmensa mayoría se ubican en la provincia de Buenos Aires (1656), seguidos por Santa Fe (333) y Chaco (264). En total, se registraron cerca de 800 mil hogares compuestos por más de 3,5 millones de personas, de los cuales el 94% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 99% no accede a la red cloacal, el 71% tampoco lo hace a la red de energía eléctrica y el 98% no tiene gas natural.

La iniciativa, además, suspende los desalojos por dos años e insta a las empresas de servicios públicos a hacer las obras correspondientes en aquellos barrios donde, hasta el momento, se negaban a hacerlo por incumplimiento de las normas regulatorias o por la dificultad en el acceso. Un punto conflictivo, desde lo político, ya que el financiamiento de esas obras abrió una fuerte discusión entre los gobernadores –peronistas y hasta los propios de Cambiemos- y el Ejecutivo nacional, que pretende compartir ese gasto con las provincias.

El proyecto de ley comenzó a debatirse en la Cámara baja. El proceso, tras el trabajo coordinado entre las organizaciones sociales y la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete -que conduce Mario Quintana- pasó a manos del Ministerio de Desarrollo Social. La ministra, Carolina Stanley, lo presentó ante un plenario de comisiones, del que participaron también los y las referentes de las distintas organizaciones sociales.

PUNTO DE PARTIDA.

El relevamiento sirvió para generar un registro de la situación social, económica y habitacional de los sectores más vulnerables de todo el país, que no suelen estar incluidos en las estadísticas oficiales, por la dificultad en el acceso o por simple deliberación gubernamental, con el objetivo de planificar políticas públicas habitacionales inclusivas. Se consideró como barrio popular todos aquellos que se constituyeron mediante diversas estrategias de ocupación del suelo que “presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimos de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

Con estos datos, en mayo de 2017 y mediante el decreto 358, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (RENABAP), el cual reconoció los resultados del relevamiento y creó el Certificado de Vivienda Familiar para los hogares relevados. Este fue un primer e importante paso, ya que a través del certificado expedido por ANSES, los habitantes de los barrios populares podían acreditar la existencia y veracidad del domicilio, solicitar la conexión de servicios públicos, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o Laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Hasta ahora se repartieron cerca de 100 mil certificados, en la mayoría de los casos en operativos conjuntos entre los y las militantes de las organizaciones sociales que realizaron las encuestas y la ANSES. Recién después de este amplio y crucial censo se avanzó hacia el proyecto de ley que Cambiemos busca capitalizar como propio.

Para sostener este proyecto los movimientos sociales y su organicidad serán claves en la puja de poder con los otros intereses, que buscan que la ley duerma en un cajón del Congreso el sueño de los justos. Entre otras cosas, porque la propuesta implica una gran partida presupuestaria, en inversión social, que la ley no especifica y que hoy parece entrar en tensión con la vuelta al FMI y los anuncios oficiales acerca de la reducción de la obra pública como una de las medidas para reducir el déficit fiscal. El mega ajuste del macrismo choca de lleno con los intereses populares que encierra la ley.

En este contexto, este proyecto va a requerir un proceso de seguimiento minucioso por parte de las organizaciones y de los vecinos y vecinas de estos barrios, que con esta experiencia han desarrollado un proceso inédito. En este sentido hace pocos días quedó conformada la Mesa Nacional de Barrios Populares. El pueblo organizado es la única garantía de que esta no sea una más de las experiencias fallidas de las tantas que se encuentran en la historia. Esta es una enorme oportunidad.

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