Los dolores del ajuste

Una propuesta salarial de miseria y un plan de recorte y subejecución presupuestaria desembocó en una masiva marcha que mostró algo más que el desencanto del universo educativo: fue la reacción de todo un pueblo.

Por Daniela Ledesma

Hace tres semanas que las 57 universidades nacionales están en pie de lucha. Lo que comenzó como un reclamo docente frente al miserable ofrecimiento del Gobierno nacional de un aumento salarial del 15% en tres cuotas -cuando la inflación alcanzará, como mínimo, el 32% anual- desbordó aulas, pasillos, asambleas y movilizaciones en todo el país. Sin ánimos de ceder y subestimando la enorme marcha del jueves, este viernes el Ministerio de Educación que conduce Alejandro Finocchiaro decidió suspender la mesa de negociación salarial hasta el lunes.

Cerca de 150.000 docentes tienen su salario congelado desde mayo. El 13 de agosto, luego de una reunión con los gremios, el Gobierno decidió unilateralmente anunciar un aumento del 5,8% que se cobraría en septiembre. Pero la inflación acumulada entre marzo y julio ya alcanzó el 14,8%. Hay dos datos claves para entender la magnitud del conflicto: la masa salarial docente representa más del 85% del presupuesto universitario. Desde que asumió Mauricio Macri el salario promedio perdió un 15,7% contra la inflación. Si los gremios aceptaran la propuesta actual del Ejecutivo, la pérdida superaría el 20%.

Desde Cambiemos se encargaron de rebatir con datos falsos la situación presupuestaria. En un paper que circuló como insumo para que funcionarios salgan a defender la política educativa y universitaria del Gobierno afirmaban que “los fondos totales asignados a la educación universitaria aumentaron este año un 30%”. Lo cierto es que el aumento que se menciona corresponde al incremento nominal del presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) entre el crédito inicial 2017 y el de 2018. El aumento ya era insuficiente no sólo porque estaba debajo de la inflación prevista –más si se tiene en cuenta la devaluación del peso en los últimos dos meses, o de los últimos dos días– sino porque buena parte de ese incremento debía ser destinado a atender la anualización de la paritaria 2017.

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Este ajuste sistemático y sostenido por el gobierno de Cambiemos a lo largo de estos tres años desembocó en el conflicto universitario más importante de los últimos años. La presión social creció a la par del dólar. Se tomaron facultades en todas las provincias, se organizaron movilizaciones a lo largo y ancho del país, el ataque a la educación superior logró la masividad necesaria para marca agenda y denunciar el peligro que corren las universidades públicas bajo este modelo económico.

Fue tal la masividad del conflicto que se logró romper el cerco mediático e instalar la crisis que afecta a la educación superior: el recorte presupuestario de este año fue de más de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a un 23% de los gastos de funcionamiento. En lo que va del año la SPU ejecutó un 0% de los destinado a infraestructura. No sólo no hay obras nuevas, las iniciadas se encuentran paralizadas. Nada indica que el año que viene la situación vaya a mejorar. Todo lo contrario. Se estima que el ajuste total a la educación pública en el presupuesto para el año que viene rondará en un 25%.

Ahogar el sistema universitario implica no sólo arrebatar un derecho fundamental arraigado en el pueblo sino, a la vez, dinamitar la posibilidad de construir un modelo de desarrollo soberano. Sin ciencia y tecnología no hay futuro; no es sólo una consigna de época, es una certeza.

La masiva movilización de ayer en la Plaza, construida junto a las y los estudiantes, docentes y no docentes fue un punto de inflexión en defensa de la educación pública. Como lo marca nuestra historia reciente, la unidad entre trabajadores y estudiantes es el camino a seguir para defender nuestros derechos. Si nos quedan los dolores de un modelo de ajuste y exclusión, la calle es el lugar para conquistar las libertades que nos faltan.

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