Los socios de la injusticia

Entre el Poder Judicial y el Gobierno gestaron un equipo de trabajo que avanza con preventivas ilegales para opositores, procesamiento de manifestantes, vaciamiento de causas por delitos de lesa humanidad y encubrimiento de policías y gendarmes.

Por Facundo Denmon

Publicada en [R]umbo N°26

Presos políticos, represiones ilegales, filtración de escuchas, connivencia con el Poder Ejecutivo, procesamiento a detenidos por manifestarse. Esta es la radiografía de un Poder Judicial que, a 35 años del fin de la última dictadura militar, sigue siendo la mayor deuda de la democracia.

Desde la vuelta de la democracia tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han sido seno de varias reformas, que aún insuficientes, buscaron procurar la reconstrucción de las instituciones democráticas. La justicia, en cambio, sostuvo los cimientos y el funcionamiento antidemocrático que sigue colocando a jueces y operadores judiciales en un oscuro nicho de privilegios. Más allá de esto, si la justicia pudiera garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, o si lograra tener un funcionamiento imparcial e independiente de los demás poderes, la cuestión de su estructura y organización sería algo anecdótico. Como no lo hace, probablemente sea el eje de la cuestión.

PREVENTIVA O DOMICILIARIA.

Sistemática y arbitraria. Así fue la utilización del recurso judicial de la prisión preventiva en los últimos dos años para encarcelar dirigentes políticos opositores. No parece casual que el punto de inflexión haya sido la asunción del gobierno de Cambiemos, así tampoco que durante el gobierno anterior las mismas causas hayan estado cajoneadas.

Milagro Sala fue la primera. En el medio de una cruzada política del nuevo, por aquel entonces, gobernador Gerardo Morales, la justicia jujeña cometió cuanta ilegalidad se propuso para encarcelar a la dirigente de la Tupac Amaru. Tal vez humanihaya sido la demostración más concreta del funcionamiento servil de la justicia al poder de turno.

Después, siguieron funcionarios del kirchnerismo como Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zanini o Héctor Timerman; o dirigentes sociales como Luis D`Elia o Fernando Esteche. Paradigmático es el caso del ex vicepresidente de la Nación, sobre quien el juez federal Ariel Lijo impuso el cumplimiento de la prisión preventiva, pero que meses después la Sala I concedió la excarcelación de manera unánime.

Exponencial. Así fue el crecimiento durante los últimos dos años del dictado de prisiones domiciliarias para condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La crítica a la utilización de este beneficio no hay que hacerla desde un planteo deshumanizante, el problema radica en aquellos casos donde los jueces se fundan en la edad del condenado o en un leve problema de salud para otorgarla. Asimismo, el Gobierno nacional empuja dicha política: presentó mediante el Ministerio de Justicia un listado donde propone posibles condenados dignos de acceder a dicho beneficio.Más de 100 genocidas forman parte de ese listado.

REPRESIÓN Y PROCESOS.

La brutalidad con la que el Gobierno pretendió silenciar la protesta social que surgió como consecuencia de la sanción de la reforma previsional fue algo inaudito. También lo fue (y lo sigue siendo) el trato que tuvo la justicia con esta represión. Por un lado, el juez federal Claudio Bonadio mantiene bajo prisión preventiva a cinco personas, además de procesar a otras 33 por las manifestaciones ocurridas el 14 de diciembre.

Además de no contar con sustento probatorio, ya que el mismo juez observa que las filmaciones de aquella jornada no son contundentes, se basa únicamente en los relatos de las fuerzas de seguridad. Afirma que “la finalidad buscada por los encausados, provocando destrozos, tumultos y desmanes a lo largo de toda la jornada, confluyeron en infundir temor en la población, además de lograr que ese día se suspendiera el tratamiento del proyecto de reforma de la ley previsional”.

Así, logra caratular el expediente bajo el delito de “intimación pública agravada”, que conlleva penas de hasta diez años de cárcel. Lo que resulta, cuanto menos, extraño, es que a pesar de la brutal represión ejercida por Gendarmería nacional y los arrestos a mansalva no haya procesamientos a efectivos de esta fuerza.

Respecto a los hechos del 18 de diciembre, jornada en la que finalmente se aprobó la reforma jubilatoria teñida por otra violenta represión de las fuerzas de seguridad, la causa llegó a la Cámara Federal que controlan dos magistrados que siempre le otorgan buenos resultados al gobierno macrista: Martín Irurzun y Eduardo Farah. En este caso, los jueces procesaron bajo prisión preventiva a Cesar Arakaki y Dimas Ponce. El posible entorpecimiento de la causa en curso es el argumento esgrimido por dichos jueces para sostener el encarcelamiento. Dante Barisone, oficial de la Policía Federal, también permanecerá bajo prisión preventiva tras confirmarse su encarcelamiento: su caso es más claro, atropelló con su moto de manera voluntaria a un cartonero.

LA PATAGONIA CALIENTE.

Otro bochorno político y judicial es el que se vive en el sur de nuestro país. La decisión política del Gobierno nacional y los gobernadores de provincias patagónicas de avanzar sobre los pueblos originarios que rereclaman por sus tierras ancestrales tiene su fuerte correlato en el Poder Judicial. Con solo mirar las causas de mayor relevancia mediática se detecta una clara tendencia: en el caso de Rafael Nahuel, joven mapuche asesinado por la espalda por un grupo Albatro de Prefectura, aún no hay ningún procesado. Guido Otranto, primer juez de la causa de la Desaparición de Santiago Maldonado pasó de ser desplazado por mal desempeño y encubrir a Gendarmería a quedar ternado para un ascenso al tribunal oral federal. Por si era poco, sobre el mismísimo Otranto recaería la denuncia que realizó la familia Maldonado por el espionaje y las escuchas que realizaron inteligencia y fuerzas de seguridad sobre sus movimientos y comunicaciones. La orden habría salido desde el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich.

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