Macron y el fin de la esperanza

El joven presidente, que asumió con promesas de prosperidad y desarrollo, concluyó su primer año de gestión con un fuerte rechazo de los sectores populares y sindicales, a partir de sus reformas laborales, recortes de salario en las empresas públicas y baja de impuestos a la riqueza.

Por Martín Caballero

Publicada en [R]umbo N°28

El 14 de mayo de 2017 asumió Emmanuel Macron como Presidente de la República Francesa. En su primer discurso, en el Palacio del Elíseo, habló de devolver la confianza a los franceses en una Francia que “sólo es fuerte si es próspera” y destacó la necesidad de “refundar” Europa. Dedicó también muchas palabras a quienes se sentían olvidados y llamó a vencer las “fracturas”, sean “económicas, sociales, políticas o morales”, como también a no refugiarse “detrás de usos y costumbres a veces fuera de época”. A poco más de un año de aquel discurso la realidad francesa está lejos de las intenciones y los objetivos del presidente.

A pesar de haber consolidado su gobierno con las últimas elecciones, que le dieron el control de la Asamblea Nacional, las reformas económicas y sociales que implementa son fuertemente resistidas en las calles.

Tras dos años de llevar las riendas del ministerio de economía de Francois Hollande, Macron renunció a fines de 2016 para lanzarse de lleno a su candidatura presidencial, creando de cero un partido con el que logró vencer a las fuerzas tradicionales de Francia y a los nuevos emergentes como Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon.

Por otro lado, Macron no logra torcer la austeridad con la que el gobierno de Angela Merkel rige la zona euro y que demanda de Francia un importante ajuste fiscal para mantenerse acorde a las metas pautadas por los organismos europeos.

REFORMA LABORAL.

El principal caballo de batalla de Macron fue la reforma laboral, aprobada haciendo caso omiso de las protestas que pueblan las calles francesas. En una ceremonia televisada desde el palacio presidencial, el presidente firmó la ordenanza que le permitió evitar el arduo debate legislativo que hubiera supuesto llevar el proyecto a la Asamblea Nacional.

La reforma consta de numerosas concesiones para flexibilizar el mercado laboral, con las que el mandatario pretende reducir el desempleo francés, que hoy se ubica en más del 9%.

Entre los puntos principales se encuentra la limitación a indemnizaciones por despidos improcedentes. Ahora corresponderán de 3 a 15 meses de salarios en función de la antigüedad del trabajador y dependerá de la Justicia. También serán los jueces los encargados de constatar los balances de las empresas que hayan adjudicado pérdidas como justificativo para despidos.

Para priorizar los acuerdos directos entre empleadores y empleados, la reforma dispone que las empresas puedan realizar acuerdos por sobre el convenio colectivo si logran refrendarlo con la mayoría de sus empleados. Y no será necesario contar con el aval sindical. En esta misma línea, la reforma plantea que converjan las distintas instancias de representación, como son los comités de seguridad, higiene, condiciones laborales y sindicales.

LA MANO EN LO PÚBLICO.

Las empresas estatales han sido también alcanzadas por las aspiraciones del mandatario galo. Tanto la compañía estatal de ferrocarriles como la aerolínea de bandera Air France están siendo objeto de reformas que despiertan rechazo entre los trabajadores y combatividad en los sindicatos.

Macron quiere realizar cambios en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles para evitar que la empresa sea deficitaria. Para eso planea modificar las condiciones laborales en la empresa que transporta más de 4,5 millones de usuarios que, hoy, son afectados por el esquema de paros que han definido los sindicatos.

La propuesta busca conseguir que los nuevos trabajadores no estén amparados por el estatuto de los ferroviarios que garantiza el empleo vitalicio, la progresión profesional en la empresa y una jubilación anticipada. De esta manera, los nuevos ingresantes se regirán por las leyes laborales recientemente modificadas. Además busca abrir la competencia en la red ferroviaria como dispone la Unión Europea.

Por su parte, el conflicto en Air France ya ha generado, además de una huelga, la renuncia de Jean-Marc Janaillac, quien hasta principio de mayo presidió la compañía y era el principal encargado de aplicar políticas de ajuste en la empresa que dio a conocer, el mismo día de su renuncia, pérdidas por 269 millones de euros.

La reforma propuesta por el ex presidente y sometida a un referéndum interno en la compañía fue de un aumento salarial del 7% en cuatro años, sin contar los aumentos individuales. Con una participación de más del 80%, la mayoría de los trabajadores se expresaron en contra de la reforma. Los sindicatos que dirigen la huelga reclaman en cambio un aumento inmediato del 3,8% y otro del 1,3% en octubre para paliar la inflación estimada.

REFORMA FISCAL.

Aunque para las consultoras los efectos de las reformas se verán recién el año que viene, la política fiscal no ha quedado atrás. Con la idea de hacer de Francia un destino atractivo para los capitales, el presidente transformó el Impuesto sobre la Fortuna (ISF) para que sólo afecte a los inmuebles, variando de una tasa del 0,5% al 1,5%. De esta manera, dejaría de fuera de alcance a autos de lujo, yates o lingotes de oro.

Tampoco son objeto de impuesto las fortunas financieras, que además obtuvieron una reducción de la tasa que grava capitales siendo ahora del 30%. Con estas dos reformas el estado francés dejaría de percibir un estimado de 4,5 mil millones de euros. Un centenar de diputados franceses de la oposición se preguntaban, a través de una solicitada en un diario, ¿de qué sirve firmar un cheque por este monto a los franceses más ricos?

Por otro lado, el Gobierno avanzó con un recorte de 1.700 millones de euros en el presupuesto a la vivienda social. Más de seis millones de hogares son afectados por esta medida que implica una reducción en las ayudas mensuales que reciben los sectores populares. Desempleados, consumidores, jóvenes y sindicatos se manifestaron por temor a un aumento de los desalojos.

Para seguir solventando la reducción de ingresos, se ha dispuesto además un aumento en la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto que afecta al 60% de los pensionados franceses que reciben la pensión media. Un universo de más de 7 millones de personas que verán sus haberes reducidos entre 150 y 250 euros mensuales.

Compartí este post: