Todos para uno

Tras el respaldo obtenido en las urnas, Macri logró alinear a todos los sectores del poder. Desde gobernadores a empresarios, pasando por jueces, medios y sindicalistas, tiene luz verde para arrancar la segunda mitad de su mandato con la profundización del ajuste.

Por Patricio Fiorentino

Publicada en [R]umbo N°25

Tan solo dos años de gestión fueron los que necesitó Mauricio Macri para capitalizar un núcleo de poder como pocas veces se vio en la democracia argentina y que, hoy, es la llave con la que buscará avanzar con la segunda etapa de su plan de ajuste, lo que el presidente designó marketineramente como “reformismo permanente”. Con el aval de las urnas, al Gobierno se le facilitó la tarea de terminar de alinear a todos los sectores del poder detrás de su proyecto. Así, con distintos mecanismos, desde aprietes judiciales a amenazas de asfixia económica, Macri puede arrancar la segunda mitad de su mandato con los gobernadores, el PJ ortodoxo, los grandes medios de comunicación, la familia judicial, el grueso de la CGT y el establishment jugando de su lado de la cancha.

Las elecciones de medio término fueron el filtro que el Gobierno supo sortear para iniciar su plan reformista. Los resultados favorables le dieron luz verde para ir por la profundización del modelo de ajuste, en su obsesión por bajar el déficit fiscal. El Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne redactó el plan de austeridad que recorta recursos a los sectores más vulnerables, como los jubilados, y transfiere a la economía concentrada a través de la rebaja de impuestos, mientras sigue pagando sumas siderales en intereses de deuda, en una economía que nunca termina de arrancar.

A los pocos días de su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Macri convocó a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a una mesa que poco tuvo de diálogo. La excusa del convite fue la firma de un acuerdo fiscal, hoy discutido en el Congreso, para ponerle fin a la disputa por los miles de millones del judicializado Fondo del Conurbano que reclama la provincia de Buenos Aires. Ensalsado en su poder post electoral, el Presidente logró vender el paquete entero, que incluye las reformas previsional, laboral y tributaria y el programa de pacto fiscal, que pondrá límites al gasto de las provincias que lo firmaron. Todas, menos San Luis.

En el Consenso Fiscal que firmaron los gobernadores se acordó que deberían bajar gradualmente impuestos provinciales, como Ingresos Brutos y Sellos; apoyar en el Congreso el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y renunciar a las multimillonarias demandas judiciales contra el Estado naciónal, entre otros puntos.

La gran favorecida del consenso fue sin duda María Eugenia Vidal, quien recibirá 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones de pesos en 2019 como resultado de las negociaciones, que incluyen desistir de su reclamo ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano. En ese pacto fiscal se resolvió la derogación del artículo 104 de la ley de Ganancias, que establecía que el 10% de lo recaudado por este tributo debe ser destinado a Buenos Aires, pero con un tope en los 650 millones, mientras el resto se repartiría entre las demás provincias. Para el ejercicio 2017, ese fondo fue de 53.000 millones.

Esa derogación, además, implica que el 20% de lo recaudado de Ganancias deje de viajar directo a las arcas de la Anses. El desfinanciamiento del sistema previsional que el Gobierno busca cubrir modificando a la baja la fórmula de movilidad jubilatoria arranca, entonces, en el reparto de recursos acordado con las provincias.

APRIETES.

El Gobierno acudió al viejo manual de la asfixia económica para que los gobernadores transmitieran esa presión a los legisladores y le aseguren los votos para el ajuste previsional, con el que espera ahorrar 100.000 millones de pesos a costa del bolsillo de los jubilados y sectores que reciben asignaciones sociales, modificando la fórmula que, además de las jubilaciones, define los aumentos de la AUH y otras asignaciones sociales.

Envalentonado por la media sanción que el Senado le dio a la reforma previsional, y con el apoyo del bloque peronista no kirchnerista que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, Macri convocó a sesiones extraordinarias, al ver la posibilidad de poder llevarse a sus vacaciones un triunfo que fortalezca el inicio de la parte dos de su mandato.

La resistencia a la polémica reforma de los movimientos sociales, gremios y partidos de la oposición, que se acercaron hasta la militarizada zona de Congreso para ser recibidos por las balas de goma y el gas lacrimógeno de las fuerzas de seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich, pudo atrasar la ley de ajuste previsional, luego de una bochornosa y suspendida sesión parlamentaria en la Cámara de Diputados. Un irrisorio bono único de 750 pesos, sólo para los jubilados que hayan realizado aportes, y de 350 pesos para el resto, fue la contra oferta que acordó el Gobierno con los mandatarios provinciales para que -ahora sí- pudieran avanzar con la ley con el apoyo del interbloque Argentina Federal, integrado por el Bloque Justicialista y otras bancadas provinciales. Se notó: lo único que estaban buscando era una excusa miserable para dar vuelta su postura. Finalmente, el cambio en la fórmula previsional se aprobó con lo justo, sumando los votos de Cambiemos con los que aportaron los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones y Neuquén.

COMODORO SI.

Para quebrar cualquier resistencia a su paquete de reformas, el Gobierno puso en marcha su lobby en el Poder Judicial y lanzó una cacería de ex funcionarios kirchneristas y dirigentes sindicales. El festival de prisiones preventivas para opositores –en muchos casos, sin siquiera tomar previamente declaración indagatoria- que se dictan desde Comodoro Py, sumado al show mediático que se monta sobre cada una de las detenciones, es un servicio fundamental con el que hoy cuenta el macrismo.

Para el adoctrinamiento judicial, el macrismo se encuentra cada vez más cerca de lograr la mayoría propia en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar y promover la destitución de los jueces. Con la asunción del senador peronista Rodolfo Urtubey, de buen diálogo con el oficialismo, en reemplazo de Virginia García, cuñada del diputado Máximo Kirchner, Macri acaricia los dos tercios necesarios para decidir la suerte de los jueces de toda la Nación. Un poder que no pudo esgrimir ningún presidente desde la creación de este órgano.

¿Y LA CGT?

La gestión macrista se enfrentará a la difícil tarea de aprobar la reforma laboral, con los costos políticos que conlleva, aunque ya cuenta con la garantía del triunvirato que conducen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. La cúpula cegetista salió a refrendar el proyecto luego de hacerle algunas modificaciones al primer – y, según su visión, “invotable”- borrador oficial. Ese aval de la CGT es el que exigía el peronismo no kirchnerista para apoyar la flexibilización laboral, que ya jugó de su lado con la rebaja de las jubilaciones y las asignaciones sociales.

La flexibilización laboral es la debilidad del establishment, que aún sigue apuntalando el modelo económico de Macri aunque los números de la economía le sean desfavorables. En el gobierno de los CEOs saben que el ajuste a los trabajadores, que entre otras novedades reduce el costo de las indemnizaciones por despido y facilita contrataciones a través de tercerizaciones y contratos basura, es una reforma clave para contar con que el apoyo del Círculo Rojo.

Otra de las batallas que ganó el macrismo es la que libró hacia el interior de la alianza Cambiemos. Haber alineado a las principales figuras de la Unión Cívica Radical sin tener que relegarle demasiados espacios y a la siempre polémica y ciclotímica Elisa Carrió es otro triunfo que Macri se anotó después del paso por las urnas. Pese a algunos desplantes, la líder de la Coalición Cívica abandonó su rol de escollo interno para ser vocera de las medidas más duras del Gobierno, como el tijeretazo a los jubilados.

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