Una batalla ganada que espera su victoria final adentro del recinto

El debate en comisiones del proyecto que propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo mostró que, los exponentes a favor, se nutrieron de argumentos científicos, sociales y estadísticas verificables. Mientras que, los que están en contra, apelaron a imágenes de impacto, datos falsos y justificaciones religiosas.

Por Ailen Possamay y Andrea Liñan (*)

Publicada en [R]umbo N°28

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado por primera vez en 2007 en el Congreso. Hoy, recién once años después, alcanzó a ser discutido en comisiones. Las audiencias se vienen desarrollando todos los martes y jueves desde el 10 de abril y terminan el 31 de mayo para dar lugar a la emisión del dictamen y a su posterior media sanción en la Cámara de Diputados. Si todo resulta favorable, se sancionará el 13 de junio: preparen los gorros y los guantes porque nos espera una larga noche de agite y aguante.

Cada audiencia constituyó un ejercicio pedagógico para la sociedad, que reprodujo el debate en reuniones familiares, juntadas con amigos y hasta en el bondi. Las ponencias a favor de la legalización del aborto fueron realmente una cátedra en derechos humanos, medicina, ciencia, jurisprudencia, estadística y filosofía. En cambio, los argumentos en contra se basaron principalmente en creencias religiosas, datos falsos y teorías sin sustento científico. Es un debate que se merecía la sociedad y que, definitivamente, sea cual sea el dictamen, el consenso social está ganado.

Militantes feministas, abogados, profesionales de la salud, representantes de la cultura, académicas, periodistas, referentes políticos, representantes de todos los sectores ofrecieron una mirada integral a la problemática del aborto en la Argentina. Porque no hay otra forma de hacerlo que no sea reconociendo la complejidad del problema de manera integral, desde diversas disciplinas y ámbitos.

Desde lo jurídico, el artículo 86 del Código Penal sancionado en 1921 establece que el aborto es no punible en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de la mujer. Casi cien años después, en 2010, la Corte Suprema de Justicia reconoció a la salud desde el punto de vista integral, poniendo fin a la ambigüedad e interpretaciones posibles del Código. Por lo tanto, se argumentó que, por el principio de progresividad, no es posible retroceder en el reconocimiento de derechos, pues sería violatorio de los tratados internacionales. A su vez, se sostuvo que la amenaza de sanción penal no ha disuadido a las mujeres de realizar la práctica. Es facultad del Congreso la regulación penal y, por consiguiente, la despenalización de conductas.

Las estadísticas fueron contundentes. Giraron en torno a la tasa de mortalidad materna por aborto como la principal causa individual de muerte materna en el país, la estimación de abortos clandestinos por año -500 mil, aproximadamente- y los datos sobre reducción de mortalidad materna y de cantidad de abortos en países que lo han legalizado -seis veces menos en Uruguay, ocho veces menos en Italia-. También se presentaron datos rotundos sobre embarazos de niñas y adolescentes: en Argentina, 3 mil niñas y adolescentes tienen un hijo/a por año; y ocho de cada diez fueron embarazos no deseados.

Muchas de las ponencias, principalmente la de los y las profesionales de la salud, se basaron en el aborto como un problema de salud pública que, a su vez, debería complementar otras políticas públicas, como la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción. Resaltaron los principales obstáculos que encuentran en relación a la aplicación de la ley vigente y la necesidad de superar el modelo médico hegemónico, hacia un modelo de respeto y garantía de derechos de las personas. Del mismo modo, marcaron la necesidad de contar con normas claras y de alcance nacional sobre la práctica de interrupción del embarazo. Con respecto a la objeción de conciencia, se sostuvo que deberían realizar estas prácticas, más allá de sus creencias, como harían cualquier práctica médica.

Desde una mirada política se argumentó que la interrupción voluntaria del embarazo es un reclamo de justicia social, que representa un ejercicio de soberanía que se practica más allá de su legalidad. Lo que varían son las condiciones de clandestinidad en las que se realiza, que dependen, casi exclusivamente, de las condiciones socioeconómicas de la persona gestante. Por otro lado, se sostuvo que el aborto es parte central de los derechos sexuales, los derechos al placer y el derecho a una sexualidad libre de la reproducción. Del mismo modo se abogó por la maternidad como elección y no como imposición ni castigo, por lo que el Estado debe garantizar la libertad de elegir el proyecto de vida y decidir en consecuencia.

El punto transversal de todas las exposiciones a favor fue la insistencia en interpretar el aborto como ejercicio de soberanía sobre el propio cuerpo y, por lo tanto, el proyecto de vida. Por otro lado, se enfatizó en la legitimidad del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que es el único que se discutió en el seno de la sociedad.

(*) Para este artículo se tomaron los archivos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y CEDES.

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