Un apriete ilegal contra la lucha social

El gobierno provincial, a través de la policía y un fiscal, lanzó una oleada de allanamientos a organizaciones políticas para amedrentar la lucha popular. Se suma a otra serie de persecuciones intimidatorias.

Por Lucía De Carlos

Publicada en [R]umbo N°22

El lunes 28 de agosto se destruyó la vidriera de un comercio en el marco de la Tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Córdoba. No hubo consecuencias, porque la masividad de la movilización sobresaltó ante el detalle. Sin embargo, cuatro días después, fueron allanados por orden del fiscal Gustavo Dalma en forma simultánea 15 sedes de organizaciones sociales y políticas a los gobiernos provincial y nacional. Los locales del Partido para la Victoria (PPV) y del Partido Obrero (PO) destacaron porque los allanamientos a partidos políticos están expresamente prohibidos por ley en Córdoba. Además de que violaciones así no ocurrían desde 1974, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón intervino la provincia. Entre los allanados había espacios anarquistas, centros comunitarios y centros culturales.

Con la excusa de relevar pruebas sobre la rotura de la vidriera, se llevaron banderas, bombos, ropa, leche en polvo, elementos de limpieza y afiches con la cara de Santiago Maldonado. Allanaron hasta al fletero que llevó los instrumentos a la marcha y a familiares de víctimas de gatillo fácil, revictimizándolos.

Los policías actuantes mencionaron tener orden de incautar elementos con simbología anarquista y los operativos se realizaron sin presencia de testigos. Fuera de todo marco legal, fueron convocados y forzados a firmar cuando los procedimientos ya habían sido realizados, haciéndolo en disconformidad por no haber estado presentes.

Si el oficialismo y la justicia tuvieran la voluntad de avanzar en dilucidar el incidente de la vidriera, podrían haber revisado los videos de las cámaras de seguridad. Pero la intención era enviar un mensaje amedrentador a quienes elegimos pelear contra la violencia que la policía ejerce contra nuestros pibes y pibas, teniendo en cuenta que al día siguiente se desarrollaría la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido forzado en democracia.

Ese lunes, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil funcionó como escenario para exigir respuestas ante la presentación de una denuncia en la que se detallaba una serie de causas judiciales que visibilizan vínculos, complicidad y encubrimiento entre el poder político, el Poder Judicial y la Policía de la Provincia de Córdoba, de la cual las organizaciones allanadas son firmantes.

APARATO REPRESIVO.

El fiscal Dalma ya había sido cuestionado por polémicos procedimientos, como el archivo de una denuncia por sobreprecios en la construcción del hotel Anzenuza en la localidad, cordobesa de Miramar.

Respecto del escandaloso operativo, se presentaron en la Legislatura tres pedidos de pronunciación en contra de los allanamientos a locales partidarios, que fueron denegados por considerar que el fiscal actuó conforme a derecho. Asimismo se realizó una denuncia penal por mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.

Un día después de la razzia, este fiscal libró allanamientos a los domicilios de delegados sindicales del Hospital Misericordia, que vienen protagonizando una resistencia a intentos fraudulentos de privatizar las farmacias de los hospitales provinciales.

Ese ajetreado jueves también se allanó la Clínica Argentina del Cannabis, llevando detenida a su encargada por “comercialización de estupefacientes y confabulación para cometer delitos”. En el operativo se incautaron aceites, cremas y tinturas madre. Una semana después detuvieron al responsable de la Clínica, el doctor Carlos Laje, y a otro empleado.

Ese mismo día en Río Cuarto, una importante sesión en el Concejo Deliberante por la suba del boleto de colectivo derivó en represión con fuertes golpizas a mujeres sindicalistas, estudiantes y cacheos a Concejalas opositoras y asesoras. Se presentó una denuncia penal de la que aún no hay novedades.

El viernes en el marco de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en Laboulaye detuvieron a tres personas por pintar en una pared la consigna “¿Dónde está Santiago?”.

Vivimos días violentos en Córdoba y no es casual. Somos la Córdoba del triunfo de Cambiemos, pero también la del Cordobazo. Sabemos que tenemos la capacidad de pulsar un límite a los atropellos y a la violencia de los gobiernos provincial y nacional. Daremos esa batalla.

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