Un cambio hacia la edad media

El proyecto que envió el Gobierno al Congreso es un claro retroceso en materia de derechos sociales. Permitiría que instituciones públicas, de salud y educativas se nieguen a atender o prestar servicios por cuestiones de identidad sexual o de género.

Por Ayelén Dománico y Micaela Calvo

La Argentina es referente en materia de derechos sexuales y reproductivos, con leyes de avanzada en comparación a otras regiones. El proyecto de ley de Libertad Religiosa, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a mediados de junio, tiene como principal argumento que el Estado reconozca “la naturaleza específica de las entidades religiosas y respete su autonomía”, el goce de autonomía organizacional. Esto plantea, a contramano de la línea histórica, un manifiesto retroceso, ampliando el poder de sectores religiosos y atentando contra derechos fundamentales, como el acceso a la salud y la educación.

Lo problemático del proyecto de ley es, por un lado, que los sectores que se encuentran detrás son figuras conservadoras del poder eclesiástico. El gran impulsor de esta legislación es Santiago de Estrada, actual Secretario de Culto, Secretario de Seguridad en la última dictadura cívico-militar y, además, uno de los principales obstructores de la sanción de la ley de Educación Sexual Integral (ESI).

Por otro lado, el proyecto afecta directamente la forma de gobierno, ya que Argentina no se circunscribe como un Estado religioso. Las modificaciones de esta ley pretenden establecer un Estado pluriconfesional, donde a los cultos se les reconocerá el derecho a tener instituciones educativas, hospitales, cementerios y medios de comunicación. Y se les otorgará el acceso a beneficios impositivos, la inembargabilidad de sus templos y el acceso irrestricto de sus ministros a cárceles y hospitales.

Conciencia Sucia

La polémica central vive en el artículo 7 de la iniciativa. Propone el “derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario”, donde las creencias religiosas avalarían la libertad de objetar jurídica e institucionalmente determinadas prácticas. Actualmente, la objeción de conciencia no es un derecho y, además, puede ser personal pero nunca institucional, ya que los establecimientos están obligados a disponer los reemplazos necesarios en casos de objetores. Este artículo revertiría la situación, siendo que las instituciones podrían presentarse como objetoras de conciencia sin preocuparse por garantizar derechos fundamentales.

Así, instituciones, funcionarixs, ciudadanxs y trabajadorxs de las más diversas disciplinas, tanto del ámbito público como privado, podrían ser objetores, lo que obstaculizaría el acceso a derechos garantizados por la ley. Por ejemplo, empleadxs públicos como oficinas de Registro Civil podrían negarse a oficializar matrimonios igualitarios, entregar DNI con la identidad de género percibida u obstaculizar la adopción de niñxs para parejas del mismo sexo; profesionales de la salud y obras sociales podrían negarse a brindar anticonceptivos, realizar interrupciones legales de embarazo, brindar tratamientos de fertilización asistida o hasta realizar readecuaciones corporales a la identidad de género autopercibida.

En ese mismo sentido, el artículo 8 habla del “Deber de adecuación razonable” y plantea que los empleadores estatales y privados tienen el deber de adecuar razonablemente las actividades a las prácticas religiosas de lxs trabajadorxs y que el mismo deber corresponde a las instituciones educativas. De esta manera, a las dificultades y reiteradas vulneraciones que existen en la implementación de la ESI, se suma la posibilidad que tendrían ahora tanto escuelas como docentes de negarse a brindarla en las aulas.

El proyecto de ley tuvo un avance inusualmente acelerado en Diputados. Sin embargo, en la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto esto cambió. Actualmente, la discusión está frenada y no hay fecha para la próxima reunión de comisión. Pero aunque esta situación parecería alentadora, el panorama continúa incierto, ya que el proyecto cuenta con la firma de figuras de peso como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ex canciller Susana Malcorra; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

La mera presentación del proyecto en el Congreso generó un fuerte repudio por parte de distintos organismos, así como de muchxs legisladorxs. Esto sirvió para poner un freno parcial a la discusión de la ley, pero nada está asegurado. Su aprobación resultaría de una alarmante gravedad, ya que representa una intromisión específica sobre los cuerpos y vidas de las personas, invalidando la autodeterminación y libertad sexual y reproductiva de las mujeres y del movimiento LGTTTBIIQ, en tanto se inmiscuye directamente sobre las instituciones, obstaculizando el rol del Estado como garante de derechos.

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