Un Código sin códigos

El Gobierno porteño presentó en la Legislatura un nuevo marco normativo para las contravenciones. De tinte persecutorio, apunta a los trabajadores de espacios públicos, como limpiavidrios o artistas callejeros, y a los centros culturales.

Por Débora Blanco y Julián Mallo

Publicada en [R]umbo N°30

El 5 de junio el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó en la Legislatura porteña un proyecto de reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la política del Gobierno nacional de dotar de facultades a las Fuerzas Armadas para actuar en seguridad interior. Dicha reforma aplica una serie de cambios que vulneran los derechos de todas y todos los trabajadores de los espacios públicos, limpiavidrios, cuidacoches y artistas callejeros, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y demás productores del trabajo informal.

Cambiemos vendió la reforma a la sociedad desvirtuando la lucha del movimiento feminista, dado que sería el primer Código Contravencional del país en regular con perspectiva de género la violencia diaria producto del sistema patriarcal y machista en que vivimos. Pero esta apropiación desleal de la lucha contra la violencia de género es solo es para ocultar su real intención: devolverle el poder a la Policía a actuar de oficio y gestionar los espacios públicos con su lógica privatizadora y persecutoria, como ya lo vienen haciendo en ferias y espacios públicos.

La falsa idea de una moral “porteña” xenófoba y aporofóbica predominante avalaría esta “limpieza” de las calles, aunque tal moral no es tan homogénea como se la vende, ni tan predominante.

No es un modus operandi nuevo. Hace años que el Gobierno se encarga de expulsar, sin dar ninguna solución alternativa, a quienes les alteran la “estética” de la Buenos Aires europeizada que buscan mostrar a los visitantes y a los vecinos de la Ciudad.

Para las y los trabajadores de la economía popular, la violencia de género se vuelve una herramienta para elevar las penas al doble.

Otro elemento que aparece es la figura de ruidos molestos, que pasaría del ámbito privado al ámbito público, pudiendo ser denunciable “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”. Esto quedaría penado con multas cuantiosas o la posibilidad de cumplir cinco días detención. Una decisión que afecta directamente a cientos de espacios culturales independientes de la ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires es una caja de resonancia para el resto del país. Si esta modificación prospera, no sería extraño que se nacionalice.

Lo único que puede detener el avasallamiento a la libertad de expresión y el derecho al trabajo, es la organización popular de las y los trabajadores, ser los vasos conductores que impulsen la normalización del trabajo informal, reconociendo nuestros derechos como tales.

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