Un conflicto sin fin que jaquea el corazón de Europa

Luego de las elecciones pautadas desde Madrid, en Cataluña no se han reconstituido por completo las instituciones políticas autónomas. Los pedidos de liberación de los independentistas presos han alcanzado la ONU.

Publicada en [R]umbo N°27

A seis meses del referéndum que declaró su independencia, Cataluña continúa sin autoridades y nueve líderes políticos están detenidos a causa de los acontecimientos de octubre. El 15 de abril las calles de Barcelona se llenaron de una multitudinaria manifestación portadora de lazos amarillos que pedía su liberación y el regreso de quienes debieron exiliarse. Entre ellos, el ex presidente de la “Generalitat”, Carles Puigdemont.

El referéndum del primero de octubre de 2017, que le dio la victoria al SI por la independencia de la comunidad autónoma, no resolvió las tensiones ni llevó a una respuesta definitiva. En el transcurso de dicha jornada la policía española, enviada por el Gobierno central, irrumpió en los comicios dejando 800 heridos. Desde Madrid intervinieron Cataluña y limitaron su autonomía, alegando que el referéndum atentaba con los intereses generales de España. Tras ser ratificado por el Parlamento, se establecieron elecciones españa de autoridades para el 21 de diciembre. Sin embargo, luego de los comicios, las nuevas alianzas parlamentarias resultaron a favor de los independentistas, que declararon a Roger Torrent (ERC) nuevo presidente del Parlamento.

El Tribunal Supremo estableció el procesamiento de líderes independentistas entre los que se encuentra el ex vicepresidente Oriol Junqueras, aún en prisión preventiva. Por su parte, Puigdemont debió exiliarse y fue detenido por el gobierno alemán el 25 de marzo. Luego de 12 días preso, fue dejado en libertad condicional ante el descarte de la existencia de delito de rebelión. Sin embargo, continúa con pedido de extradición por malversación de fondos públicos en relación al referéndum. Jordi Sánchez, el último candidato presentado por los catalanes para convertirse en el líder regional, es otro de los líderes políticos acusado de rebelión. El juez de la Corte que tiene su causa a cargo, Pablo Llarena, se niega a liberarlo frustrando la posibilidad de establecer un nuevo presidente.

El pedido de liberación de los procesados ha provocado la reacción de la Organización de Naciones Unidas (ONU) bajo la voz de su relator sobre la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, quien se mostró preocupado ante la posibilidad de que las decisiones del Gobierno español pudieran interferir en los derechos de protesta pública e incitó a las autoridades a abstenerse de presentar cargos de rebelión. Dichos cargos implicarían 30 años de prisión para los acusados.

Según la ONU, sólo deben ponerse restricciones a la protesta pública en los casos en que los intereses del Estado se encuentren en peligro. El argumento de los independentistas, en palabras de Junqueras, exclama que se está “ante un conflicto político que se ha de solucionar desde la política y nunca judicializarlo”.

Puigdemont continúa en Berlín y cuentan hasta el 22 de mayo para nombrar a un presidente de la “Generalitat”, fecha límite luego de la cual se debe convocar a nuevas elecciones. Mientras tanto, la población independentista no abandona las calles.

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