Un grito de aliento a la revolución

El triunfo del chavismo en las elecciones de octubre revela un oficialismo recargado y una oposición fracturada, en un país que crece como epicentro de la correlación de fuerzas entre gobiernos populares y la derecha.

Por Nahuel Sosa

Publicada en [R]umbo N°24

Las urnas volvieron hablar en Venezuela. Como en toda elección desde que el comandante Hugo Chávez Frías asumió como presidente, el 2 de febrero de 1999, marcaron un punto decisivo en la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. En esta última contienda del 15 de octubre se volvía a poner en juego el destino del gobierno de Nicolás Maduro. No existen revoluciones lineales ni ideales que puedan predecir los acontecimientos que se despliegan en el devenir de las contradicciones. Lo que existen son estrategias, tácticas y convicciones que se desenvuelven en tiempos más favorables o menos favorables, con el objetivo de defender lo conquistado y avanzar en lo que falta. Venezuela tal vez sea hoy el epicentro más nítido donde se dirime la consolidación o no de la restauración conservadora que se viene produciendo en distintos países de la región, como Brasil y Argentina.

Los resultados de las elecciones a gobernador arrojaron un triunfo contundente para el chavismo. De las 23 gobernaciones en disputa el oficialismo ganó 18 y recuperó el estado de Miranda, que cuenta con dos millones de electores y era un bastión histórico de la oposición liderado por Henrique Capriles. Todo, con un altísimo nivel de participación para un país en el que sufragar no es una obligación: superó el 61% y significó un incremento del 7% en comparación con las elecciones del 2012.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) volvió a mostrar su destreza electoral frente a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que perdió 2 millones de votantes desde las elecciones parlamentarias de 2015, en las que había triunfado con holgura.

EL ESCENARIO.

Para entender mejor los alcances de este triunfo es preciso recordar algunos acontecimientos previos a los comicios. Desde que Maduro asumió la Presidencia, la oposición intensificó su lucha por derrocarlo, sin importar la legalidad o legitimidad de los medios. Envalentonada por su victoria de 2015, que le permitió tener por primera vez una súper mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, sus primeras acciones fueron intentar un juicio político para destituir a Maduro a la “brasileña”. Es decir, un golpe institucional.

Fracasado este primer paso, el segundo consistió en llamar a la confrontación directa en las calles contra el régimen. En el punto máximo de la violencia y ante el evidente rechazo de la mayoría de los venezolanos para ingresar en un estado de guerra civil, la MUD se refugió en la OEA y el Departamento de Estado Norteamericano con el objetivo de promover una intervención extranjera directa o indirecta. Días después llama a los militares a rebelarse y convocó a un referéndum ilegal para cosechar un resultado que le permitiera mostrar al mundo la necesidad de que las potencias tomen carta en el asunto.

En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agudizó las sanciones contra Venezuela, que ya habían sido establecidas por Barack Obama en el decreto 13.692. El castigo de la potencia del norte tiene una parte simbólica: la amenaza concreta de que la intervención militar es una opción en la mesa y una parte real que afecta, principalmente, en términos económicos y jurídicos.

Según la Energy Information Administration, Estados Unidos importa en la actualidad alrededor de 750 mil barriles de petróleo venezolanos diarios, casi la mitad de lo que compraba hace una década, lo que implica una disminución considerable en la relación comercial a la cual se le suma la negación a firmar tratados para un mayor flujo de intercambio. A su vez las “sanciones inteligentes”, como las denominan los think tank estadounidenses, consisten en bloquear la entrada de funcionarios a Estados Unidos y bloquear sus cuentas, con el argumento de que están ligados al narcotráfico y la corrupción. Así fue como el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami y a toda la Corta Suprema.

Como una tríada de connivencia, la OEA, Estados Unidos y la MUD elaboran una estrategia que consiste, por una parte, en el desgaste mediante la promoción del conflicto social y, por otra, en una guerra económica sucia que tiene como sus pilares fundamentales el ahogo financiero internacional y el desabastecimiento de productos básicos como los alimentos a escala nacional.

EL PLAN OFICIAL.

El Gobierno de Maduro también ha trazado un plan político y militar para desactivar el proceso destituyente. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas entraron en estado de movilización constante, con la inclusión de la sociedad civil, para las tareas de autodefensa. A su vez, se instruyó la conformación de un nuevo órgano plenipotenciario, que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que nació con el sufragio de 8 millones de venezolanos.

El chavismo logró retomar así la iniciativa política y demostrar que es una falacia la idea de que se sostiene en el poder sólo por la pata militar. Por el contrario, los últimos meses muestran que hay una fuerza viva, con niveles importantes de organización popular y disciplina, que supo no entrar en ciertas provocaciones que hubieran significado el inicio de una guerra civil y, especialmente, que todavía tiene la capacidad de construir hegemonía. No obstante, la recuperación no debe ocultar los desafíos pendientes del oficialismo a la hora de encarar un proceso interno de democratización y consolidación del poder popular.

¿Y AHORA?

Apenas el Consejo electoral difundió los resultados la oposición salió a cuestionarlos. Hablaron de fraude, manipulación de los centros de votación y protestaron porque las encuestas auguraban otro final. Es curioso pensar que los pronósticos de consultoras privadas sean un fundamento razonable para deslegitimar una votación. Hasta Jaime Duran Barba, hoy gurú de las nuevas derechas latinoamericanas, sostiene que en el siglo XXI la opinión pública se ha vuelto cada vez más incontrolable e impredecible.

El desconcierto es lo que reina hoy en la MUD y no es la primera vez. Es una oposición ciclotí- mica, que cambia permanentemente sus tácticas. Desde intentos de golpe de Estado, lock outs patronales y abstenciones de participar en elecciones hasta las guarimbas, ahora juegan a presentarse a los comicios para luego desconocerlos.

De sus cinco gobernadores electos, cuatro han jurado ante la ANC para asumir su cargo, mientras que Juan Pablo Guanipa, flamante mandatario del estado de Zulia, se ha negado a reconocer a la asamblea como órgano constitucional. Por eso, se convocarán a nuevas elecciones en ese distrito.

Para diciembre están previstas las elecciones municipales. El chavismo está confiado en un nuevo triunfo épico e, incluso, baraja la opción de adelantar las elecciones presidenciales. En cambio, la oposición esta dividida entre quienes creen que no hay que presentar candidatos, ya que legitimaria aún más al oficialismo, y los que consideran que esa opción ya la probaron en el 2005 y les dio resultados negativos.

Muchos diagnosticaban a los gritos que era el fin de la revolución, que sus días estaban contados, que sólo era un grupo autoritario sin ningún apoyo popular. Una vez más se han equivocado. Saber esperar es también una virtud en la batalla política. Y en esta ocasión el chavismo pudo poner en práctica aquella frase del pensador griego Putralco quien afirmaba: “La paciencia tiene más poder que la fuerza”.

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