¿Y después del rechazo al aborto legal, qué?

A dos semanas del revés en el Senado murieron tres mujeres por abortos clandestinos. Algunos laboratorios prometen la producción del misoprostol y en algunos centros de salud los servicios de ginecología suspenden las interrupciones legales.

Por Josefina Algranati (*), Xime Arriola (**) y Mariana Cabanillas (***)

Todavía no nos reconocíamos feministas y mucho menos habíamos problematizado nuestras sexualidades. Cuando todavía el feminismo no nos había abrazado, nos hicimos médicas y reconfiguramos el deseo de hacer algo para cambiar un poco el mundo. Además de confluir en una militancia común en la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir​, espacio creado en 2014 y que nuclea a más de 600 personas.

Trabajamos en centros de salud con distintas características, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en territorio bonaerense, como en el resto del país, donde profesionales brindan información y acompañan en sus decisiones a las personas que consultan para interrumpir embarazos. En muchas de las instituciones de atención primaria de la salud de la Ciudad está la medicación para un tratamiento farmacológico seguro. En otras se garantiza que las personas que desean abortar lo hagan en el marco legal que propone el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que saca a usuarias y profesionales de la clandestinidad.

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La cosa esta vez nos tocó de cerca. En José León Suárez, Elizabeth (nombre con el que se conoció públicamente para preservar su identidad), una mujer de 34 años falleció producto de un aborto realizado en un contexto inseguro y clandestino. En el territorio donde laburamos dos de nosotras, en el que creíamos trabajar desde una accesibilidad real, se moría una mujer en soledad por la sepsis que le produjo un tallo de perejil que se introdujo en la vagina para abortar. Toda muerte evitable es fuerte y moviliza. Pero atravesar en 2018 esta situación a apenas a unos kilómetros de la Capital Federal resume todo lo injusto de este sistema patriarcal.

Hay condiciones estructurales que no nos deja paradas a todas y a todos de la misma manera. Cuando decíamos que la ley de legalización y despenalización del aborto era una demanda de millones de personas, una demanda como sociedad, es porque entendemos que es el piso mínimo que nos protege a las personas gestantes para no morir de causas evitables, invisibilizadas y en soledad.

Por un lado, el rechazo dejó una sensación en el imaginario popular de que el aborto en Argentina es ilegal y, en algún punto, los sectores más conservadores de la academia médica tienen espalda para justificar sus prácticas antiderechos. En las redes sociales redoblaron sus acusaciones violentas, amenazas y recrudecieron sus argumentos para moralizar la vida y el prejuicio sobre la sexualidad de las personas. Hay un interés recrudecido por deslegitimar el marco legal sobre el acceso a las interrupciones legales del embarazo, vigente en el Código Penal desde 1921.

Por otro lado, el análisis que surge es que, a pesar de que como movimiento dimos un salto cualitativo de la mano de la marea verde, poniendo sobre la mesa los relatos y el debate en relación al aborto, la información y el acceso a una interrupción legal del embarazo no nos está llegando a todos y a todas por igual.

¿Qué le tiene que suceder a una persona para abortar de esta manera, en José León Suárez, un territorio donde cuenta con dos centros de salud de referencia en el acompañamiento de interrupciones legales del embarazo y consejerías feministas? ¿Cómo opera socialmente el contexto de clandestinidad en cada persona?

En un contexto de ajuste a través de políticas neoliberales, las vidas que se cargan son las vidas de las pibas, siempre las últimas de la fila, quienes no pueden acceder al misoprostol (que actualmente ronda los 3.000 o 4.000 pesos), ni al sistema público de salud. Un sistema de salud que a su vez violenta y excluye, que deja sin anticonceptivos para después juzgar y condenar con sus entramados más macabros.

No podemos pensar el acceso justo a la salud para quienes trabajan sin licencias, feriados, remuneraciones injustas y horarios que superan sus horas de descanso. Podemos flexibilizar todos los dispositivos que generamos, cambiar horarios, reflexionarlo todo, pero hay algo concreto: nunca va a alcanzar solo con una política en salud, lo que tiene que cambiar es las condiciones a las que se somete a las personas a sobrevivir.

Los femicidios que cometió el Estado contra Elizabeth en José León Suarez, contra Liz en Pilar, contra Liliana en Santiago del Estero y contra tantas otras demuestra que no alcanza con las redes feministas y la voluntad y el compromiso de profesionales de la salud.

Es indispensable la accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos en los centros de salud de manera sostenida, el acceso al misoprostol gratuito y de producción pública –que ahora parece ser de interés para laboratorios nacionales–, y que los hospitales se hagan cargo del acompañamiento y abordaje en un marco de respeto de las interrupciones que por indicación médica requieran ser realizadas en dicho nivel. Para esto necesitamos espacios para la formación de profesionales de la salud y que la provincia de Buenos Aires adhiera al Protocolo que el Ministerio de Salud de Nación presentó en 2015.

Es crucial que la ley se apruebe​. No nos basta con que los abortos sean solo no punibles en dos causales (violación y salud). Frente a la autonomía de los cuerpos y a la decisión de no continuar con un embarazo, necesitamos una política pública que garantice esta decisión brindando los recursos necesarios.

Cada muerta y presa por abortar será responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los 40 senadores y senadoras que se abstuvieron o votaron en contra del derecho a la vida, la salud y nuestra autonomía.

El proyecto de ley se va a volver a presentar, como lo hizo la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en siete ocasiones. Se evaluará el escenario que posibilite efectivamente conquistar este derecho urgente y necesario. Con una Cámara nueva, en 2020, se abre un nuevo escenario para un tratamiento a la altura de la historia, aunque ya hoy el escenario no es el mismo que teníamos el 13J y el 8A. Las millones de personas que en la calle exigieron la sanción del proyecto de ley cambiamos la historia. ¡Que sea LEY!

(*) Médica Generalista, Centro de Salud N 10, San Martín.

(**) Médica, CABA.

(***)Médica Psiquiatra, Consejería Simona.

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